El subcomisionado Luis Ortega y el subteniente de la Policía Nacional, Ernesto Blake, solicitados por la Fiscalía Primera Superior para rendir indagatoria en el caso de los jóvenes quemados en el Centro de Cumplimiento de Menores, se acogieron al artículo 25 de la Constitución, que establece que ninguna persona puede declarar en contra de sí mismo.
Carlos Herrera Morán, abogado de las familias de las siete víctimas, cinco de ellos ya fallecidos, reconoció que recurrir al artículo 25 es un derecho constitucional, sin embargo señaló que la acción de los uniformados es una muestra más de irrespeto a la dignidad del pueblo panameño.
El abogado indicó que han solicitado a la fiscal primera Superior, Geomara Guerra, que se ordene su detención preventiva, "no queremos cuartel por cárcel", manifestó Herrera Morán.
Herrera considera que Ortega y Blake, las unidades de más alto rango presentes el pasado 9 de enero en el Centro de Cumplimiento, debieron dar sus declaraciones y explicar qué pasó y quién dio la orden criminal de lanzar la bomba lacrimógena de triple acción dentro de la celda 6.
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