La Universidad de Panamá cuenta con un presupuesto de 104.8 millones de balboas, a los que se suman unos 6.3 millones que no están autorizados en el Presupuesto General del Estado, y que provienen del renglón de Gestión Institucional de la primera casa de estudios superiores.
Sin embargo, pese a tener uno de los mayores presupuestos del Estado, mantiene una deuda de 4 millones 167 mil 161 balboas con 75 centésimos, sólo en lo que respecta al pago de agua, electricidad y teléfono.
Al respecto, el contralor Alvin Weeden dijo no entender cómo una institución, con un presupuesto superior a los 100 millones de balboas, no puede pagar esos compromisos vitales para su funcionamiento.
Y es que la universidad tiene una deuda de vigencia expirada con el IDAAN, de 126 mil 528 balboas, más 19 mil 225 balboas con 17 centésimos, que es su deuda actual. En total, le debe a esa entidad 145 mil 753 balboas con 17 centésimos.
De igual forma, con la telefónica Cables & Wireless, la institución tiene una morosidad de 221 mil 408 balboas con 58 centésimos.
Lo mismo ocurre con la empresa Unión Fenosa, a la que le adeuda unos 3 millones 800 mil balboas, aunque según un informe emanado de la universidad, se ha cancelado 432 mil 881 balboas con 83 centésimos. Sin embargo, la facturación total de enero a septiembre de 2001 por servicios de electricidad, es de 2 millones 941 mil 187 balboas con 78 centésimos, que abarca los 202 edificios que administra la institución.
Por otra parte, una nota al margen del presupuesto de la universidad, indica que el informe de ingresos y gastos de la ejecución presupuestaria del renglón de Gestión Institucional, sólo se presenta a la Contraloría como información, sin detallar los gastos.
Aunque parezca insólito, esta situación era desconocida por el propio contralor Weeden, quien el pasado 6 de noviembre ordenó el envío de una nota al rector Julio Vallarino, con copia al Ministerio de Economía y Finanzas, solicitando una explicación al respecto.
A septiembre del presente año, la ejecución de este renglón era del 102%.
“¿Por qué se ha estado permitiendo esto?”, preguntó el contralor.
Acto seguido, dio a conocer a
