En Panamá existen universidades que no cumplen con los requisitos que las acrediten; sin embargo, todas generan títulos sin respaldo.
“Nos convertimos en una fábrica de universidades”, expresó la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacando que Panamá tiene más títulos de doctorado que cualquier país desarrollado, debido a que se han bajado las exigencias para dictar la enseñanza a nivel superior.
Frente a este panorama, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), creado junto con la Comisión Técnica de Fiscalización (CTF) bajo la Ley 30, hace año y medio, inició un proceso para reglamentar las universidades.
Se detectó decenas de instituciones funcionando con permiso del Ministerio de Comercio e Industrias, sin estar aprobadas por el Ministerio de Educación (Meduca), razón por la que desde el 2006 no se dan autorizaciones sin esta aprobación.
Mariana de McPherson, secretaria ejecutiva del Coneaupa, dijo que antes del 2006 había poco control, porque no existía una ley que estableciera los requisitos y el seguimiento que había que darles a las universidades y sus programas.
Por su parte, la secretaria técnica de la CTF, María de Benavides, afirmó que, con el Decreto Ejecutivo 511 de julio de 2010 que reglamenta la Ley 30, las universidades que tengan más de dos años de no estar funcionando serán suspendidas y las que infrinjan este decreto y cometan faltas muy graves serán cerradas definitivamente.
Se considera falta muy grave emitir títulos sin estar aprobados, mientras que una falta grave sería promocionar una carrera que no esté aprobada y una falta leve es que no haya registrado su planta docente. En estos casos se sanciona con un memorando o la suspensión temporal.
Cierre.
En febrero, por medio de una resolución del Meduca, se ordenó el cese de funcionamiento de la Universidad de la Paz (UPAZ) , ya que estaba cometiendo varias faltas, entre estas otorgar el título de profesorado en Educación Primaria sin estar aprobado.
La UPAZ desde 1994 ha graduado 8 mil estudiantes. Lucrecia Herrera Cozzarelli, rectora de la institución, aseguró que seguirán trabajando y que llevará el caso a los tribunales.
Sobre estas irregularidades, De Benavides comentó que han detectado más casos y que entre un 3% y 10% de instituciones recibirán su resolución de cese.
Antes de ordenar el cierre de una institución, el Coneaupa y el Meduca realizan una serie de investigaciones con base en un informe remitido por la CTF. Este proceso toma tres meses.
McPherson mencionó que ante situaciones como estas pueden verse afectados los estudiantes, por lo que cuentan con un plan de contingencia que permite que estos continúen sus estudios en universidades autorizadas. No corren con la misma suerte aquellos que se graduaron de carreras no aprobadas, porque sus créditos no tienen validez.
“Entrar en la página de la CTF (www.ctf.ac.pa) puede ser una forma de verificar si una universidad está legalmente constituida y que los programas que dicta están aprobados”, aconsejó McPherson.
Actualmente se realiza el proceso de acreditación de las universidades, que l cierra el 30 de este mes: durante los seis meses siguientes, el Coneaupa emitirá informes de las universidades que se acreditan.
De Benavides destacó que el 90% de las universidades tiene la disposición para ir caminado hacia el mejoramiento de la educación superior en Panamá.
