Las primeras recomendaciones de la Comisión de Estado por la Justicia llegaron ayer a la Asamblea Nacional, luego que representantes de la Corte Suprema de Justicia, del Colegio de Abogados, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y del Ministerio Público, pidieran la aprobación de un proyecto de ley para simplificar los trámites en los procesos penales y evitar las detenciones preventivas prolongadas.
De aprobarse el proyecto, que conlleva otra serie de recomendaciones, cerca de 2 mil detenidos en las diversas cárceles del país quedarían en libertad.
La propuesta establece que aquellas personas que han cometido delitos leves y que hayan cumplido más de 2 años de estar encarcelados sin habérsele realizado un juicio, podrán ser beneficiados con una medida cautelar.
De acuerdo con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Esmeralda Troitiño, quien acudió a la Asamblea Nacional en representación de la Corte, lo que se busca es la agilización de los trámites del proceso penal, logrando una transformación más profunda para tener respuestas rápidas y efectivas, tanto para la víctima que reclama justicia como para el imputado que requiere una decisión pronta del sistema.
Troitiño aseguró que es necesario tomar medidas urgentes para actualizar las normas en cuanto al impulso de los procesos penales ordinarios, como adecuar la legislación procesal penal al texto actual de la Constitución, y a los Convenios y Tratados Internacionales.
Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, indicó que la intención es que en un plazo no mayor de dos años los detenidos sean llevados a juicio.
Unos 2 mil reos saldrían libres
Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana, dijo que se busca recortar los plazos procesales para agilizar juicios a los detenidos.
