Unos 500 servidores públicos han presentado su declaración jurada de estado patrimonial a la Contraloría General de la República hasta el 30 de marzo del presente año, así como otros funcionarios de manejo de recursos y bienes públicos.
De acuerdo con la Ley No.59, cualquier persona puede denunciar un posible enriquecimiento injustificado ante la Contraloría de la República y, para tal fin, deberá acompañar la denuncia con prueba sumaria sobre la posesión de los bienes que se estiman sobrepasan los declarados, o los que probadamente superen las posibilidades económicas del denunciado.
El contralor de la República, Alvin Weeden, advirtió que el funcionario que durante el desempeño de su cargo se le compruebe que sobrepasa lo declarado, o los que probadamente superen sus posibilidades económicas y no puedan justificar su origen, se les iniciará un proceso que determinará si existe enriquecimiento ilícito.
Indicó que de comprobarse cualquier irregularidad se remitirá una copia autenticada del informe a la Procuraduría de la Nación, que se encargará de realizar las investigaciones que correspondan sobre la responsabilidad penal a que haya lugar.
Estas medidas se adoptan ante la creciente necesidad de contrarrestar la corrupción en todos sus niveles y ante la demanda de una sociedad que exige resultados a través de los gobiernos representativos.
Destaca la nota que le corresponde a la Contraloría garantizar que se cumpla la Ley No. 59 del 29 de diciembre de 1999, mediante la cual se reglamenta el artículo 299 de la Constitución Nacional, que establece que funcionarios de alta jerarquía y empleados públicos de manejo, deben presentar al inicio y término de sus funciones declaración jurada de su estado patrimonial.
