Un estudio de la Defensoría del Pueblo sobre la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en Panamá concluyó que es evidente la carencia de una legislación moderna que establezca con claridad las competencias de cada una de las autoridades involucradas en el tema.
Reconoce que hay limitaciones presupuestarias en la mayoría de los municipios del país, que le impiden llevar una gestión integral de sus residuos sólidos, donde como resultado la escasez de personal técnico especializado, equipos inadecuados para la recogida y la carencia de lugares que cumplan con los requisitos mínimos para su tratamiento y disposición final.
Además, son escasas las sanciones que se aplican de manera oportuna y firme ante el incumplimiento de las disposiciones legales que prohiben arrojar basura en las calles, aceras, playas, ríos, quebradas y otros sitios.
