Panamá necesita adentrarse sin demora en una reforma legislativa en materia de libertad de expresión que lo acerque a los estándares internacionales y recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, advirtió ayer la Defensoría del Pueblo de Panamá.
A través del Informe Especial Democracia, Libertad de Expresión y Procesos contra el Honor de la Oficina de la Defensoría del Pueblo, se plantea la preocupación por el aumento significativo de los procesos contra los comunicadores sociales, lo que constituye un mecanismo de "hostigamiento".
"El inicio de estos juicios está destinado a silenciar la crítica de algunos periodistas o medios de comunicación sobre el desempeño en la gestión pública de funcionarios y/o personas públicas", detalla el informe.
Se informó la existencia de unos 80 procesos por delito de calumnia e injuria, de los cuales diez son de particulares.
Destaca el informe que hace doce años se discute la misma agenda en materia de libertad de expresión sin que se logre un acuerdo, porque en muchas ocasiones no se pasa de la mera denuncia.
El organismo reitera que las legislaciones panameñas en esta materia son anacrónicas y favorecen la instrumentalización penal del conflicto (permitiendo en ocasiones el hostigamiento), por lo que la necesidad de reforma es impostergable.
Recomienda trasladar a la esfera civil la protección del honor y reputación de los funcionarios, personas públicas o particulares que se involucran voluntariamente en asuntos de interés público, ya que así se disminuye el efecto de amenaza e intimidación que produce la posibilidad de un proceso penal con pena de prisión.
Plantea que los funcionarios públicos, personas públicas o particulares que se involucran voluntariamente en asuntos de interés público, deben tener mayor tolerancia ante el escrutinio y las críticas de los periodistas y ciudadanos.
"Esto es parte del sistema democrático y además es un derecho ciudadano el exigir cuentas y criticar a las autoridades; sobretodo si queremos caminar de una democracia representativa hacia un modelo de democracia participativa", añadió.
También sugirió fortalecer la formación ética y profesional de los periodistas para que no se descuiden aspectos importantes e inherentes al periodismo. Otra de las recomendaciones es analizar la posibilidad de utilizar (con los ajustes legales que esto requiera) métodos alternos de solución de conflictos para dirimir controversias relativas al honor y la reputación (mediación, conciliación y arbitraje).
El informe califica de normas anacrónicas -las leyes mordaza- que limitan el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y, por el otro, las llamadas "leyes de desacato" que permiten el arresto (sin juicio previo) por irrespeto u ofensa a la autoridad, son algunas de las razones para ubicarnos en esta categoría.
Agrega que el aumento de los procesos contra periodistas constituye un grave retroceso en materia de libertad de expresión, razón por la cual el país ha sido blanco de cuestionamientos por parte de organismos internacionales tales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a través de sus informes especiales sobre Panamá e informes anuales, ha mostrado su preocupación.
