El Estatuto de la Universidad de Panamá, que data de 1981, ha sido reformado dos veces, pero ya no responde a las exigencias y realidades del país.
El Decreto 144, mejor conocido como el "decreto mordaza", y que regía el funcionamiento de la universidad antes de 1981, era antidemocrático. Frente a ello, los cambios realizados a partir de ese año fueron importantes para el desarrollo de la institución porque se constituyó en el instrumento legal que le dio a los docentes, administrativos y estudiantes la oportunidad de participar en la toma de decisiones y en el escogimiento de las autoridades universitarias.
Y he aquí que la parte académica de la casa de estudios superiores más importante del país, quedó prácticamente supeditada a lo político, en lugar de ser lo contrario.
Para Luis Prescot, secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA), que tiene 3 mil 200 miembros, el sistema político de elección de las autoridades está en crisis desde hace años y no se ha cambiado porque intereses internos y externos no permiten que se realicen esos cambios.
Por un lado, muchos de los nombramientos de los docentes dependen del decano de turno, del director del centro regional o del director de una escuela, pues la mayoría es de tiempo parcial, es decir son eventuales y, por tanto, son contratados por el rector hasta por un año, previa recomendación del decano de la facultad.
"Hay que reconocer que a la hora de las elecciones, eso juega alguna importancia, y allí es donde se encuentra lo académico con lo político", señaló Prescot.
Por otro lado, existe lentitud en el proceso de los concursos de cátedra, porque no hay disponibilidad económica suficiente para pagar la adjudicación de los cargos o ascensos.
Esto es así porque cuando un profesor es ascendido de categoría, automáticamente debe devengar un mayor salario, de acuerdo con el reglamento.
Actualmente, según la Dirección de Planificación de la universidad, existen unas 400 cátedras en esta situación.
