C ada vez que hay un siniestro o un desplome de inmueble, como el ocurrido el pasado lunes, sale a relucir la inseguridad en que viven miles de panameños que habitan las casas condenadas.
A raíz de lo sucedido en las casas 13-31 y 13-29 en Calle 15 Santa Ana, el ministro de Vivienda, Gabriel Diez, hizo un llamado a los propietarios de lotes baldíos en la ciudad capital, para que construyan viviendas de alquiler a bajos costos.
El ministro Diez señaló que "el Estado está en disposición de cooperar con los propietarios, que tengan como fin la construcción de viviendas de interés social, para reubicar a las familias que viven en casas condenadas y así poder demolerlas".
Esta medida sería bien vista por los inquilinos, puesto que muchos de ellos están en capacidad para aplicar por una vivienda digna en otro lugar, ya que el ingreso familiar está por encima de los B/ 300.
Problemática.
Las casas condenadas se han agravado porque los dueños cobraban por los cuartos, luego eran abandonados y posteriormente ocupados por otras personas que no pagan y no les dan mantenimiento, lo que ha provocado el deterioro de los inmuebles.
En tal sentido para incentivar a los propietarios, se trabaja en algunos puntos de la Ley de Arrendamiento, para buscar la forma de minimizar el problema que se ha dado con las casas condenadas y la falta de edificios de alquiler.
El sociólogo Marco A.. Gandásegui, sostiene que esta actitud de los inquilinos de viejos inmuebles, puede ser el producto de los factores tanto individuales como sociales, que implican esa situación.
"De repente, la más importante se refiere a la inseguridad que las personas sienten, que aunque tengan el ingreso suficiente, eso no le garantiza a ellos que en el futuro próximo la situación revierta, y ellos queden en una inestabilidad perdiendo el lugar donde están y el lugar donde se mudarían".
Otra causa puede ser el hecho que la persona tenga una fuente de empleo en el área donde están viviendo y mudarse signifique perder ese trabajo por las condiciones existentes, agregó Gandásegui.
Sumado a esos factores, el sociólogo piensa que también está el elemento social que es el entorno que le da cierta seguridad, allí la familia vive en comunidad y mantiene relaciones con amistades que no quieren perder.
Vivienda digna.
Para la Defensoría del Pueblo, el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales.
El derecho a una vivienda digna está consagrado en el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el cual reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados.
La Defensoría reconoce que en Panamá existe un gran número de personas y familias que no gozan de este derecho, lo que ha traído como consecuencia una afectación desproporcionada a los pobres. En este sentido, el Estado está llamado a garantizar este derecho.
Las medidas de desalojo, la Defensoría del Pueblo ha advertido de que no son prudentes los mismos sin asegurar alternativas de reubicación.
No obstante, es conscientes del peligro que representan algunas edificaciones "brujas" o condenadas, que todavía persisten en varios sectores de la ciudad capital.
