El documento que fue aprobado en primer debate el pasado miércoles, fue presentado al pleno legislativo por el presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, el diputado Raúl Rodríguez.
Dentro de los cambios aprobados en primer debate para el caso de los menores infractores, la detención provisional tendrá un plazo máximo de 12 meses contrarios a los 6 meses establecidos en la Ley 40 de Responsabilidad Penal vigente.
De igual forma, se señala que las medidas cautelares que no impliquen la privación de libertad, podrán ser decretadas hasta por un máximo de 6 meses, pero podrán ser prorrogadas a su vencimiento por el juez de la causa por un término similar.
Además, fue modificado el artículo con el cual se aceptan los informes de novedad de la Fuerza Pública y la Policía Técnica Judicial como base para el inicio de una instrucción sumarial. Pero, no se considerará bajo la gravedad del juramento, tal como estaba previsto en el proyecto original. Esta norma es aplicable tanto para adultos como para los menores infractores.
Otra de las modificaciones realizadas, producto de los cuestionamientos de la sociedad civil, está el que establece que nadie puede estar detenido por más de 24 horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente, tal como lo establece la Constitución.
No obstante, de acuerdo con los ajustes realizados se establece que el funcionario de instrucción sumarial examinará el caso, y si resulta procedente la detención, dispondrá dentro de los 72 horas siguientes, que esta se mantenga.
De igual forma se le quita a los corregidores la facultad de realizar todo tipo de allanamientos, tal como se planteaba en el proyecto original, y en su lugar se planteó que en caso de flagrante delito, las autoridades de policía podrán ordenar y realizar el allanamiento, en cuyo caso deberá remitir de inmediato lo actuado a la autoridad competente.
En el caso de los adultos se propuso adelantar las penas máximas aprobadas en el Código Penal recientemente discutido en la Asamblea Nacional.
En primer debate se aprobó adelantar la aplicación de la pena de 30 años para el homicidio agravado y la pena de 35 años de prisión cuando en el homicidio concurran otros delitos.
También se especifica que no podrán ser excarcelados bajo fianza los imputados por delitos cometidos con el auxilio, colaboración o complicidad de menores de 18 años de edad.
La aplicación de la pena para el homicidio culposo, de 2 a 4 años de prisión, también sería adelantada. Los homicidios culposos cometidos por quien conduzca un vehículo que preste un servicio público de transporte serán sancionado hasta con 9 años de prisión.
Tras la decepción solo le quedó tratar de habilitar la pequeña escuela rancho y el comedor escolar.
La excusa del gobierno es que hay falta de seguridad en el área para que los contratistas trabajen seguros.
Sin embargo, el maestro de Sobiaquirú aun no ha presenciado a grupos subversivos de Colombia en este recóndito pueblo donde ha permanecido seis años.
