Mientras los transportistas dicen luchar porque se respete su inversión y la Autoridad del Tránsito pregona modificaciones al Decreto 451 de diciembre de 2000 como panacea para resolver los conflictos de las últimas semanas, los usuarios del transporte de Panamá Oeste viven diariamente aprisionados y ahogándose entre ambos, cual emparedado preparado por dos chefs con poder suficiente como para controlar cómo deben transportarse a sus trabajos.
Y para agregar otro ingrediente a lo que se cocina con respecto a las múltiples quejas de los usuarios por la forma en que son tratados por los policías de tránsito cuando abordan un taxi o un carro particular para dirigirse a la capital, está el Artículo 27 de la Constitución Nacional que establece el derecho al libre tránsito de los ciudadanos.
Así las cosas, la pregunta es: ¿puede un decreto estar por encima de la Constitución? La respuesta de dos reconocidos constitucionalistas, los doctores César Quintero y Miguel Antonio Bernal, es un rotundo no.
Pero éste es un no que no es compartido por los dirigentes del transporte de ese sector, entre ellos Héctor Rodríguez, vicepresidente de la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA) y miembro del Comité Ejecutivo de la Terminal Nacional del Transporte; Carlos Vélez, presidente de CANATRA y Temístocles Rodríguez, presidente de la Asociación de Transportistas de Arraiján.
Y terminando los chefs, surge otro sazonador que le da un toque picante al problema: la Terminal Nacional del Transporte se ha quedado pequeña para la gran cantidad de buses que en ella convergen, según líderes transportistas.
En el ínterin, ¿alguien escucha a los usuarios? Esto es lo que ellos gritan a los cuatro vientos:
"Nosotros tenemos derecho a elegir en qué carro nos vamos para llegar temprano a nuestros trabajos", dijeron, como en coro, usuarios apostados el pasado martes en Calle 25 de Calidonia, a eso de las 9:00 p.m.
"Los taxis los deben dejar para que uno pueda llegar temprano al trabajo y a la casa. Están violando nuestros derechos porque no podemos ser ciudadanos libres porque se supone que uno hace lo que uno puede hacer con su dinero, ¿no es así? Ellos no quieren que uno haga lo que quiere con su dinero", expresó una usuaria que abordaba un taxi en esa calle con rumbo a Vacamonte.
En tanto, otro usuario resaltó: "yo me voy en taxi porque es más rápido. En la terminal demoran mucho los buses".
Otro pasajero de un carro particular señaló que a él nadie lo ayuda a ganarse el dinero. El que él se gana lo usa como quiere y nadie tiene derecho a decirle qué transporte debe usar o no.
"A los dueños de buses debería darles vergüenza que uno prefiera pagar un dólar a 50 centavos porque el servicio que ofrecen es deficiente. Yo vivo en Vista Alegre y esos buses no pasan por la autopista. ¿Por qué no pueden mandar buses por la autopista? Si mandaran algunos expresos prestarían un mejor servicio. Además, los buses demoran mucho en salir en la mañana", manifestó otro ciudadano.
En tanto, usuarios que esperaban en la parada de Loma Cová y la entrada de la barriada 7 de Septiembre de Arraiján, informaron a este medio que no entienden cómo no permiten que usen los taxis y los carros particulares, si las unidades del transporte colectivo no son suficientes para trasladarlos a sus trabajos entre las 6:00 y 7:00 a.m.
Efectivamente, el pasado lunes a esa hora un contingente de unos 10 policías y cuatro unidades del Tránsito estaban apostados en la parada de Loma Cová para impedir que los residentes del sector abordaran estos vehículos.
Mientras tanto, los buses de La Chorrera, Capira, Vacamonte, Arraiján, Nuevo Chorrillo, Burunga, Vista Alegre y Ciudad del Futuro, pasaban repletos y no paraban a recoger pasajeros.
Las caras de desconsuelo de los moradores eran evidentes y a medida que pasaba el tiempo, se transformaban en rostros desesperados porque se les hacía tarde para llegar a sus empleos.
Uno de los policías, con tres rayas en su hombro, señaló que a él no le gusta bajar a los pasajeros. De hecho, nunca lo ha hecho. "El mismo taxista los hace bajarse", dijo.
¡Claro!, ¿cómo no hacerlo, si son amenazados con boletas de 250 dólares?, le preguntamos. Sólo respondió que ellos (los policías) no quisieran hacerlo, pero es necesario hacer cumplir la ley y desafortunadamente, el agente de tránsito es la punta de lanza para poner el orden.
Sugirió que los dirigentes de la ruta de Arraiján soliciten a la Autoridad del Tránsito un carril extra para poder transitar más buses en las horas pico.
PREGoN DE TAXISTAS Y PROPIETARIOS DE CARROS PARTICULARES
Un propietario de vehículo particular, apostado en la Calle 25, Calidonia, aseguró que él recoge pasajeros allí con tal de no viajar solo. "Si yo tengo un carro, y nadie me lo paga, puedo hacer con él lo que a mí me da la gana. A veces no cobro y otras sí, para ayudarme con el diesel", dice Véliz Perdiz.
"El gran problema es que los dirigentes transportistas son los verdaderos culpables, porque si ellos exigieran a los dueños de la terminal y a la Autoridad del Tránsito que les permita dejar los pasajeros en la Plaza 5 de Mayo, nada de esto sucedería", dijo un taxista que esperaba pasajeros en el área.
"Si usted trae un pasajero para Panamá y lo deja en la Plaza 5 de Mayo es más cómodo para él porque usa menos tiempo para llegar al trabajo. Venir desde la terminal hasta El Chorrillo demora más de media hora y al empresario no le importa que un empleado llegue temprano, pero si llega tarde, ahí está el problema porque éste pierde su empleo", añade.
"Pero ellos (transportistas) no hacen nada porque están protegiendo el monopolio que tienen con las rutas del transporte", recalcó el taxista.
Otro conductor de transporte selectivo se queja de que bajen a su familia del vehículo cuando él la transporta a la capital. Esto no es justo. Además, lo que tienen que hacer los transportistas es mejorar su flota de buses y no perseguir al usuario, que tiene que llegar temprano a trabajar, indicó.
"Uno ayuda a las personas a que lleguen temprano a sus trabajos y a la vez uno se ayuda con la gasolina, que está muy cara", destacó otro conductor del servicio selectivo.
"Los transportistas de la terminal dicen que les robamos a los pasajeros, pero éstos no quieren viajar en los buses porque se demoran mucho y prefieren viajar con nosotros. Yo creo que no es legal que o no pueda llevar un pasajero de San Miguelito a Chorrera porque si lo hago me boletean. Yo sé que son los transportistas de la terminal los que se quejaron", aseguró.
AUTORIDAD DEL TRANSPORTE: INGREDIENTE CLAVE
Al subdirector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Ernesto Torres, le ha tocado sostener una papa caliente en sus manos, sobre todo, en estos momentos en que Pablo Quintero Luna aún no ha sido ratificado en su cargo como director.
A la pregunta de este medio sobre dónde comienza el derecho del usuario y termina el del transportista, explicó: "Yo no diría que existe la libertad del usuario. Tenemos una tarifa que se aplica para ir hasta La Chorrera, pero tomar un vehículo, subir a tres o cuatro personas a 50 centavos o un balboa no es correcto porque está afectando a los otros transportistas que sí están trabajando legalmente y que ya no pueden cobrar la tarifa establecida para esas áreas".
Sin embargo, informó que la Autoridad tiene una propuesta para modificar el Decreto 451, la que se está estudiando a través de Asesoría Legal de esa institución para hacerla llegar a las instancias correspondientes a fin de tomar las medidas pertinentes.
Ya se reunió una comisión que cambió algunas figuras del decreto, como el que no se retenga el vehículo y la figura de las rutas, porque para selectivos deben denominarse zonas, entre otras.
La comisión la conforman Héctor Vargas, Aristides Wilson (del transporte colectivo), el subdirector del Tránsito, Ernesto Torres y la asesora legal Marisel López.
"Entendemos que hay un problema, pero hay que buscar un mecanismo para solucionarlo. Existe el 451 y hay que aplicarlo según la ley. Hay un grupo de personas particulares y del transporte selectivo que se están dedicando a una actividad de competencia desleal", enfatizó.
No sabe cuándo empiece a regir el nuevo documento de modificación porque aún no se ha enviado al ministro de Gobierno y Justicia, argumentó.
¿Son los transportistas de La Chorrera la mano que mueve la cuna, como expresaran algunos usuarios?, se le preguntó.
"Estamos investigando si el servicio que se presta del Oeste hacia la ciudad es bueno, porque hay que demostrarlo, porque si no se está brindando un buen servicio, habrá que "implementar" otras rutas, informó.
¿QUE HACE EL USURARIO ENTRE TANTO?
Si en las horas pico no hay buses, entonces hay un problema con el itinerario de salida de los buses del Oeste que hay que investigar, respondió.
¿Hay abuso de los policías? "Pienso yo que esas son medidas extremas (las de bajar a los pasajeros de los taxis) y no deben darse. Las personas afectadas deben interponer las denuncias correspondientes", opinó Torres, quien agregó que el decreto debe hacerse cumplir, no obstante, hay una especie de contubernio entre transportistas colectivos y los usuarios para que esta situación se dé.
También se está evaluando si la gran terminal constituye parte del problema porque está "un poquito" distante.
En otro punto, explicó que el taxista de Panamá puede transportar hacia Chorrera cobrando la tarifa oficial, pero la "cuestión está tan cruda que ya nadie cree que estás llevando a las personas por el costo real. Los mismos transportistas están dañando su propio negocio porque el usuario que va a Arraiján ya no quiere pagar la tarifa, sino el dólar".
POSICION DE LOS CONSTITUCIONALISTAS
César Quintero, constitucionalista y catedrático de la Universidad de Panamá por muchos años, expresó a este medio que ningún decreto ni ley está por encima de la Carta Magna.
Por tanto, el 451 le parece inconstitucional por antagonizar con el artículo 27 de la Constitución que se refiere al derecho al libre tránsito.
Pero a esto se suma que la aplicación del decreto queda a criterio de policías sin ninguna formación jurídica y lo que es peor, ningún juez de tránsito se atreve a desautorizar a un policía de tránsito.
Por tanto, éstos se tornan groseros y tratan mal tanto a taxistas como a usuarios, según las denuncias.
Por otra parte, para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie al respecto, debe haber de por medio un recurso de inconstitucionalidad, que los usuarios aún no han interpuesto, resaltó Quintero.
Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional, Miguel Antonio Bernal, coincidió con el Dr. Quintero con respecto a la inconstitucionalidad del decreto, al tiempo que enfatizó que el 451 está plagado de "flagrantes faltas al derecho de libre tránsito y circulación", además de atentar contra convenios internacionales ratificados por Panamá.
Asimismo, recalcó que es la Corte Suprema de Justicia la que tiene el monopolio al respecto ante la falta de un Tribunal Constitucional en Panamá.
El decreto tiene una lamentable concepción restrictiva de las libertades, porque hay autoridades que no han querido despojarse del autoritarismo, abuso de autoridad y extralimitación de funciones que ha caracterizado a gobiernos en las tres últimas décadas.
"Me parece un atentado flagrante contra la dignidad humana, el atropello que de que están siendo objeto los ciudadanos, no solamente porque se les obligue a bajarse de los carros, sino de los vejámenes cuando los ponen a besarse los unos con los otros", destacó.
Sólo este hecho, dijo el constitucionalista, amerita que los ciudadanos tomen cartas en el asunto.
Lo trágico de esta situación es que las autoridades se extralimitan en sus funciones, aún sabiendo que acciones como las que sufren los usuarios de Panamá Oeste por el Decreto 451 tienen visos de inconstitucionalidad, porque es de su conocimiento que la Corte Suprema demora entre uno y dos años para resolver un recurso de este tipo.
"La maldad es sofisticada por parte de quienes dictan este tipo de normas y lo grave es el silencio que la Procuraduría de la Administración, la Procuraduría de la Nación y los magistrados de la Corte Suprema, quienes callan y se convierten en cómplices de estas arbitrariedades", sustentó.
GOBIERNO NO PROTEGE INVERSI"N DE TRANSPORTISTAS
Los transportistas protegen su inversión y su lucha se aboca enteramente a ese objetivo.
Esto es lo que se desprende de las declaraciones de Carlos Vélez, Héctor Rodríguez y Temístocles Rodríguez.
De acuerdo con Vélez y Temístocles Rodríguez, el gremio de transporte ha hecho cuantiosas inversiones para mejorar el servicio, sin embargo, todo queda estancado cuando penetra las puertas de la Autoridad Nacional de Tránsito.
Prueba de ello es que el sector de transportistas de Arraiján cabecera hizo un estudio de factibilidad que costó 7 mil dólares, lo presentó a esa instancia y aún no se le ha dado respuestas.
Y lo que es más, se han otorgado más cupos sin consultar a la dirigencia ni revisar el estudio de factibilidad presentado. "El gobierno no protege al transportista como inversionista", opinó.
El estudio lo hicieron, no obstante no tener problemas con sus usuarios porque éstos son cautivos, es decir, los buses entran a las barriadas y cuando salen a la Interamericana llegan llenos. El viaje es prácticamente expreso porque sólo hay dos paradas (la de la barriada 7 de septiembre y la de Loma Cová).
Argumentó que la Asociación de Transportistas de Arraiján cabecera no tiene ningún inconveniente en poner a circular más buses en las horas pico, pero al llegar al puente de Las Américas o a los accesos de la Terminal Nacional de Transporte se forma un cuello de botella que impide que los que van adelante puedan llegar a tiempo para regresar y comenzar la siguiente vuelta.
Esta situación se agudizó desde la mudanza hacia la terminal, sobre todo, porque es incómodo entrar y salir de allí debido a la falta de más accesos, lo que hace que el pasajero tarde más en llegar a su trabajo.
Tanto es el problema que los usuarios prefieren pagar un dólar a los taxistas que los llevan directamente al centro de la ciudad o desde allí a sus lugares de origen, lo que los hace ganar tiempo. En otras palabras, el problema es de tiempo más que de calidad de servicio, explicó.
También para los conductores es incómodo ir a la Terminal porque dar la vuelta por Albrook hasta el puente de Las Américas, les toma más tiempo que llegar hasta Loma Cová desde el puente.
Entretanto, el costo de operación para los transportistas aumentó en un 40% en los últimos años, sin que sus ingresos hayan aumentado.
Carlos Vélez, por su parte, argumentó que la piratería de los taxistas siempre ha existido, pero Arraiján se ha convertido en el polo de desarrollo de la provincia de Panamá y ha crecido demográficamente, lo que provocó que haya más conductores de taxis que viven en el Oeste y operan en Panamá. Estos aprovechen para llevar a los pasajeros desde el centro de la ciudad.
Esto se extiende a conductores de buses de empresas particulares, colegias y particulares.
Empero, el crecimiento de la población no es excusa para apadrinar la piratería de taxistas y particulares, en detrimento de los transportistas que operan legalmente y que invierten fuertes sumas de dinero en la compra, mantenimiento y placas de sus vehículos, así como en los certificados de operación para trabajar.
"Hay hasta servicio de lujo que consiste en cobrar un dólar hasta Chorrera, Vacamonte o Arraiján y otro dólar más por llevar al pasajero a su casa, lo que perjudica también a taxistas de esas áreas", explicó.
Reconoció que el servicio no es 100% eficiente, pero agregó que los transportistas de Vacamonte, de cuya asociación también es presidente, además de los aglutinados en las rutas de Ciudad del Futuro, Burunga, Arraiján, Veracruz, Bique, Vista Alegre, Chapala, Nuevo Chorrillo y Nuevo Emperador, pretenden realizar un estudio técnico y económico que incluye un análisis integral sobre las operaciones, costos y análisis de las actuales y futuras tarifas para todas esas rutas.
El costo del estudio, según cotización presentada por la empresa A. Harris, Ingenieros Consultores, S.A., es de 18 mil 100 dólares.
Carlos Vélez destacó también la necesidad de construir más chutas de entrada en la terminal, debido a que aunque se pongan a circular más buses en las horas pico, no pueden hacer el desembarque de pasajeros al mismo tiempo por falta de estas chutas.
Exigió a los taxistas piratas que respeten la ley porque en el sector transporte existen reglas que hay que cumplir y no se puede operar con un criterio de libertinaje que perjudica a los inversionistas.
Si sigue el libertinaje, las perdidas económicas provocarán que haya menos buses circulando porque éstos estarán en los patios de las financieras por no poder cumplir con los pagos.
Ambos transportistas criticaron a muchos usuarios que se dedican a rayar y romper los tapices de los asientos y a dañar los aires acondicionados de los autobuses, empero aceptaron que ha habido extralimitación de funciones por parte de los encargados de hacer cumplir el Decreto 451.
MAS ACCESOS PARA LA TERMINAL
Héctor Rodríguez, dirigente de CANATRA y la Terminal Nacional del Transporte, rechazó que la ubicación de la gran terminal sea parte de la causa de la piratería de taxistas, pues es un problema que se remonta a los años 96 y 97 cuando los buses de Vacamonte salían de la Plaza 5 de Mayo.
En esos tiempos los taxistas y pequeños buses comenzaron a recoger pasajeros en la Calle 28 de Calidonia y para resolver el problema, se otorgaron 25 certificados de operación para esa ruta.
En realidad el problema tiene su base en que las unidades de taxis en Panamá son tantas, que los propietarios no tienen con qué pagar las letras de los carros y los palancas con qué completar la cuenta para el dueño del vehículo.
Esta situación es una responsabilidad directa de los dirigentes del transporte selectivo que saturaron de taxis la ciudad capital.
"Sabemos que el servicio de transporte no es 100% eficiente", reconoció Rodríguez, al igual que lo hicieron Vélez y Temístocles Rodríguez.
Al mismo tiempo recordó que son 11 las rutas del área Oeste con más de 400 unidades de buses que, según un informe facilitado por Vélez, hacen en promedio más de 200 salidas diarias cada una.
Argumentó que próximamente serán construidos más accesos a la terminal, que ya fueron licitados, además de que la construcción de los pasos elevados en el área de la PTJ y la Asamblea Legislativa ya están avanzados en un 80%, lo que hará más expedita la entrada y salida de la gran terminal.
Rodríguez criticó al gobierno por no brindar una seguridad jurídica a los inversionistas del transporte, al tiempo que recordó que se vive en un Estado de Derecho, pero si cada cual comienza a llevar pasajeros sin el certificado de operación y sin cumplir las leyes, entonces es mejor que todos se dediquen a transportarlos sin que se le exija a nadie el certificado. Así, el Estado de Derecho se va al traste, precisó.
Hizo énfasis en que no está de acuerdo con que se baje a los pasajeros de los carros particulares que transportan a familiares y vecinos sin cobrarles.
Vaticinó que cuando estén listos los accesos nuevos y las chutas que se construyen en la terminal a solicitud de dirigentes de Vacamonte y otras áreas, la situación mejorará y las futuras generaciones se alegrarán de tener una de las terminales más grandes y modernas del mundo.
Mientras tanto, los usuarios esperan esa mejoría y los transportes siguen pasando repletos, sin recogerlos, al tiempo que la Autoridad del Tránsito insiste en que busca soluciones que aún no se ven.
ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION NACIONAL: DERECHO DE TRANSITO
"Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de inmigración".
Una edición de la Constitución titulada y comentada, que tiene como autor a Luis Fuentes Montenegro, señala que para otros juristas, este derecho de tránsito, además de las leyes en sentido formal, puede ser limitado por reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de inmigración. Agrega que sobre los mismos debiera disponerse una especie de ley marco que delimite los parámetros dentro de los cuales se pueden emitir los reglamentos; la anunciada medida, podría minimizar ciertos abusos que en virtud de una potestad reglamentaria sin límites preestablecidos y explícitos, hoy día pudieran estar ejecutándose, en un claro perjuicio contra la sociedad.
PARTE DEL DECRETO 451
"Que el prestar el servicio de transporte terrestre público de pasajeros sin la debida autorización de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, es decir, sin el certificado de operación correspondiente, al igual que prestarlo fuera de la ruta autorizada por el Estado, constituye no sólo una conducta ilegal, sino que va en detrimento de los transportistas que hacen uso de sus derechos a explotar el servicio de transporte terrestre público de pasajero, esto sin contar con la seguridad que se le debe brindar al usuario de este servicio.
Decreta:
Artículo 160: En adición a las contenidas en el Capítulo XII del presente Decreto la Autoridad competente impondrá a los infractores del mismo las siguientes sanciones:
6. Conducir fuera de ruta, 250 balboas y la retención temporal del vehículo, hasta tanto el concesionario del Certificado de Operación se presente a cancelar la multa.
75. Dedicarse al transporte público de pasajero sin el Certificado de Operación correspondiente, 500 balboas y la retención temporal del vehículo, hasta tanto el propietario del vehículo se presente a cancelar la multa.
