El Consejo General Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), expresó ayer su rechazo y su preocupación por la decisión adoptada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que abre la posibilidad de reducir el presupuesto.
La Corte declaró inconstitucional el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 11 de 1981, por el cual se organiza la Universidad de Panamá y se establece que el presupuesto asignado a la primera casa de estudios no puede ser menor que el año anterior.
El CGU en pleno, tras una reunión realizada ayer y que se prolongó por más de 3 horas, emitió una resolución en la que considera que el fallo atenta contra el desarrollo de la educación superior oficial, "ya que abre las puertas para una eventual disminución al presupuesto asignado a las universidades oficiales, supeditándolas a decisiones de carácter político, contrario a disposiciones consignadas en la Constitución Política de la República relacionadas con la autonomía económica de la Universidad".
Las autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá informaron que esa entidad se mantendrá alerta ante toda acción que atente contra la asignación financiera estatal, en desmedro de la calidad y equidad de las funciones que desarrolla.
Por su parte el rector de la UTP, Héctor Montemayor, precisó que el fallo deja sin protección a la educación superior oficial del país, poniendo en peligro el desarrollo frente a los retos que plantean las nuevas reglas de la economía mundial.
Aseveró que la UTP como ente oficial ha sufrido grandes limitaciones de asignación presupuestaria, lo que no ha permitido un mejor desarrollo para la formación de profesionales, "por lo que estamos planteando nuestra preocupación y haciendo la solicitud al Ejecutivo para que asigne a las universidades estatales los presupuestos que se requieren para su funcionamiento".
El CGU solicita además a la presidenta Mireya Moscoso que imparta las instrucciones al Ministerio de Economía y Finanzas para que el aporte financiero que el Estado asigna al presupuesto de la educación superior no sea disminuido y que el mismo corresponda con el mandato constitucional que señala que se consignarán las sumas que permitan su desarrollo.
Los universitarios acordaron además promover en la comunidad nacional y universitaria, la discusión y consulta tendiente a elaborar una propuesta de reforma constitucional que garantice la obligación del Estado de incrementar los recursos presupuestarios asignados a la educación superior oficial.
