Las denuncias hechas en contra del diputado del Partido Panameñista, Adolfo Valderrama, sobre injerencias en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), podrían constituir un delito de tráfico de influencia.
De esta manera opinan juristas consultados por el Panamá América, ante las denuncias aparecidas en los medios de comunicación, que dan cuanta que el diputado Valderrama ha llamado al administrador de la ACP, Jorge Quijano y al directivo de esta entidad Marco Ameglio, para pedirle favores relacionados con nombramientos de funcionarios.
Silvio Guerra, abogado constitucionalista, considera que las informaciones surgidas en los medios, constituyen noticia criminis para que la Procuradora General de la Nación, kenia Porcell, inicie una investigación de oficio por violación al código penal en la modalidad de tráfico de influencia.
El también jurista Ernesto Cedeño, coincide con Guerra en señalar que se podría estar ante un hecho de tráfico de influencia que debe ser investigado por el Ministerio Público y de encontrarse la vinculación del diputado Valderrama, remitir el caso a los magistrados de la Corte Suprema, que son los competentes para investigar a un miembro de la Asamblea.
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