El ministro de Trabajo, Joaquín José Vallarino III, afirmó ayer que las destituciones de funcionarios que se han hecho en el gobierno de Mireya Moscoso se deben a que estas personas eran "corruptas y han aceptado coimas", además de que utilizaron sus cargos para el "beneficio de su bolsillo".
Advirtió que el gobierno no tiene ningún temor a las amenazas de huelga que ha hecho la Federación de Servidores Públicos (FENASEP), pero en caso de que estas acciones se den la administración Moscoso aplicará las acciones del caso.
El ministro dijo que el gobierno ha destituido unos 1,500 funcionarios y no 10,000 ó 15,000 como ha denunciado la FENASEP y el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Recalcó que el gobierno arnulfista prometió que su administración sería vertical, honesta y seria, por eso este tipo de acciones.
Vallarino aseguró que seguirán revisando los expedientes de los funcionarios que entraron en la Carrera Administrativa, ya que se ha demostrado que muchos lo hicieron ilegalmente y de manera irregular.
Adelantó que tampoco es cierto que todos estos funcionarios vayan a ser despedidos como se ha dicho, pero lo que sí se va a hacer es excluirlos de este beneficio que brinda estabilidad a los trabajadores del sector estatal.
Lo más extraño de la Carrera Administrativa es que durante los meses transcurridos después de las elecciones, se incluyeron en este régimen a más de 8,000 funcionarios, mientras que anteriormente en cada año no se habían incluido más de tres mil, afirmó.
Vallarino dijo que muchos de estos funcionarios no cumplen con el mínimo de los requisitos que se exigen para ingresar a este régimen que otorga cierta estabilidad laboral.
El problema básico es el abuso que hubo y por eso es que la actual administración pretende analizar a fondo los casos de las personas que ingresaron en los últimos meses y la forma en que lo hicieron.
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