U nas semanas antes de la conclusión del mandato del presidente Martín Torrijos, la Contraloría General se negó a refrendar una adenda al contrato de desarrollo, arrendamiento e inversión a la empresa Naos Harbour Island Inc., que construye un complejo inmobiliario a la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, en el área de la Calzada de Amador.
La Contraloría, el pasado 16 de junio, catalogó a la empresa como un “deudor moroso” con el Estado por B/ 1.4 millones y, además, advirtió que no había cumplido con la inversión de B/ 32.5 millones que se había comprometido a realizar en el 2002, cuando se firmó el contrato original.
El contrato fue rescindido o resuelto administrativamente por incumplimiento del contratista Naos Island Development, Inc., y luego subrogado por Aseguradora Mundial, que lo cedió a Naos Harbour Island Inc.
Entre las razones que citó la Contraloría para no refrendar la adenda, están el que no se adjuntaron las fianzas y seguros actualizados de cumplimiento de contrato, fianza de cumplimiento de la inversión y seguros de responsabilidad civil.
Preocupación.
La Contraloría expresó su preocupación por el hecho de que a pocas semanas de concluir el mandato del presidente Torrijos se haya solicitado el refrendo de una adenda que ofrece múltiples ventajas al arrendatario por parte de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas, en detrimento del Estado.
Por medio de la adenda, se le otorgan 15 meses adicionales a los 24 que contemplaba el contrato original como período de gracia para cumplir con sus compromisos.
A juicio de la Contraloría, esta acción representaría un “incentivo negativo” que otorgaría el Estado, ya que crea un precedente perjudicial, debido a que los arrendatarios que incumplan su contrato podrían solicitar períodos de gracia adicionales y las sumas que hubiesen pagado se lo imputen a otras deudas.
A la fecha, la empresa mantiene una construcción paralizada de unos diez pisos, la cual está ubicada en la isla Naos en la Calzada de Amador, detrás de Punta Culebra, en las instalaciones del Smithsonian y frente a un muelle de la Autoridad del Canal de Panamá.
La construcción permanece cercada, custodiada por un agente de seguridad y a la entrada hay varios letreros que identifican que la obra es propiedad de la citada sociedad y que se prohíbe el paso.
La sociedad anónima originalmente era de los empresarios judíos de origen peruano Ovadin y Marcus Sherem en sociedad con Edmundo Esses, mientras que el ex diputado por el Partido Popular Jorge Hernán Rubio era su agente residente y suscriptor.
