Las auditorías que adelanta la Dirección General de Ingresos (DGI), “no son una persecución política, y quien no tiene qué esconder no debe preocuparse”, planteó el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino.
Indicó que ni él ni el Presidente ordenan auditorías, por lo tanto, así como no las mandan, no pueden pedirle a los funcionarios que dejen de hacer su labor.
Recientemente, el comentarista Juan Carlos Tapia denunció que su empresa es auditada por la DGI, lo que calificó como una “persecución política”, motivada por sus críticas al Gobierno.
