Por segunda ocasión, los operadores del metrobús logran que el Gobierno acceda a sus peticiones y desisten de continuar con el paro indefinido, decretado en horas de la tarde del jueves.
Mientras, los usuarios solo reciben una disculpa de los trabajadores por el caos provocado y que hasta la mañana de ayer los afectó, puesto que, aunque tenían dinero en sus tarjetas, muchos fueron los que se vieron en la obligación de trasladarse en los “piratas”.
Pasadas tres horas de la firma de un acuerdo entre el Estado y los operadores, que se dio a las 5:00 a.m. de ayer, fue cuando el servicio de transporte empezó a restablecerse.
A pesar de que los trabajadores lograron obtener, en blanco y negro, un compromiso del Estado de que serían indemnizados, toda vez que el sistema pase a una empresa estatal, la garantía por parte de estos de que no se vuelvan a tomar nuevas acciones no quedó plasmada de la misma manera.
El presidente del Sindicato de Operadores, Antenor Guadamuz, se refirió a que tras esta firma no debe haber más problema. Garantizó, además, que seguirán brindando el servicio y que cuando se toque la parte económica dentro de las negociaciones con Mi Bus, ellos estarán presente, ya que esta es otra promesa lograda.
Aparte, también se les garantizó el pago de todas sus liquidaciones conjuntamente con el de las auditorías que están pendientes de resolver en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), así como la recontratación de sus compañeros de una forma directa con un contrato indefinido.
El secretario general del Mitradel, Samuel Rivera, dijo que por parte de los operadores existió un compromiso verbal de no tomar medidas, recordándoles que ante cualquier inquietud se mantiene abierto al diálogo.
El Mitradel no ha logrado hacer efectivas las multas que Mi Bus ha sumado por el incumplimiento de algunas obligaciones, debido a que la empresa presentó sus descargos. Le toca a la Dirección General analizar esas multas, las cuales pueden ser apeladas.
Usuarios rechazan seguir con pago de compensaciones
Ayer se efectuó la primera reunión de la Junta Directiva de la ATTT con los nuevos representantes de los usuarios, en la que se acordó no realizar pagos de indemnizaciones a los dueños de los 500 “diablos rojos” pendientes, y que abarca la suma de $7.5 millones, hasta que la Contraloría General de la República audite la validez de esos certificados de operación.
Honorio Quezada, representante de usuarios por la provincia de Panamá, dio a conocer que, además, se aprobó construir nuevas zonas pagas y que se implemente en las construidas guardia de seguridad y cámaras, la limpieza constantemente, baños y fuente de agua, así como establecer espacios para comercio de forma controlada para que no se conviertan en zonas de buhonería.
