Varela pudo haber dilatado firma del acuerdo judicial con Brasil

  El Gobierno de Panamá habría dilatado la firma del acuerdo de cooperación con las autoridades brasileñas, para que no se localizaran cuentas utilizadas para el supuesto pago de sobornos en nuestro país, relacionadas al caso Lava Jato. Esto fue revelado por Fernando Migliaccio da Silva, un alto exejecutivo de Odebrecht, que confesó que André Rabello, otro exdirectivo de la empresa brasileña, viajó al menos tres veces a Panamá, para presionar al presidente de turno, para que este no firmara el convenio judicial entre ambos países. Aunque Migliaccio no quiso dar el nombre del mandatario panameño que recibió las presuntas presiones, las fechas indican que el exdirectivo de Odebrecht habla del presidente Juan Carlos Varela. Y todo apunta a que este Gobierno trató de dilatar la firma de dicho convenio por alguna razón que se desconoce. Cabe señalar que todos los documentos, sobre las solicitudes de Barsil, referentes al caso Lava Jato, son de suma confidencialidad. Lo que si es verídico, es que Panamá y Brasil pactaron el intercambio de datos el 11 de octubre de 2016, comprometiédonse el primero a colaborar con la información reclamada por Brasil en dicho caso. La firma de aquel acuerdo, realizado en Lisboa, capital de Portugal, ocurrió 18 meses después de que Brasil hiciera la primera asistencia judicial a la procuradora Kenia Porcell. Antes de la firma, Brasil se quejó porque el Ministerio Público de Panamá no le dio respuesta sobre una petición para verificar cuentas bancarias de sociedades aparentemente vinculadas a Odebrecht. De hecho, en septiembre de 2016, tres funcionarios del MP viajaron a Brasilia para reuirse con Deltan Dallangol, el fiscal coordinador de la operación Lava Jato. En esa reunión, Dallangol le explicó a los funcionarios panameños cuál y qué tipo de información le estaban solicitando, pero cuando retornaron a Panamá, dijeron que Brasil le había pedido disculpas por una serie de publicaciones hechas en ese país, que afirmaban que Panamá no quería cooperar, como en efecto, no lo había hecho en ese momento, según Brasil. Poesterior a esa reunión, el propio Ministerio Público Federal de Brasil, informó que Porcell sólo atendió uno de nueve puntos que se le solicitaron en aquella asistencia, que pedía información sobre cuentas bancarias, beneficiarios y sus transacciones. Otro dato interesante es que, oficialemente, Brasil demandó datos a Panamá el junio de 2015, casi un año después de que Varela asumiera el cargo. Aquella solicitud se refirió a información de cuentas de sociedades off shore, creadas por la firma Mossack Fonseca & Co., que supuestamente pudieron haber sido utilizadas para mover dinero de Petrobras.