El Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, señaló que las legislaciones como la recientemente aprobada ley del "Carcelazo", que penaliza los cierres violentos de calles con 6 meses a 2 años de cárcel, requieren de un mayor proceso de reflexión y maduración y no de "actuar con emoción y pasión".
Vargas reconoció que la ley les tomó por sorpresa y que esperaba que el presidente de la República, Ricardo Martinelli reflexionara sobre ella y no la sancionara.
El ombudsman calificó de preocupante la aprobación de la ley, pues las comunidades reclaman generalmente por la vía correcta, pero cuando no encuentran una respuesta de la autoridades terminan obligados a tomar medidas de fuerzas como el cierre de calles, donde la primera autoridad que llega es la Policía.
Aunque no justifica los cierres de calles, Vargas resaltó en RPC Radio que las situaciones simplemente ocurren al no encontrar soluciones a las demandas de los servicios públicos.
Agregó que habría que estudiar con mayor profundidad el tema para evaluar si existe la posibilidad de interponer una demanda contra la ley.
