El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, consideró que el Gobierno debe esperar a que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en cuanto a la demanda de nulidad presentada por el Partido revolucionarios Democrático (PRD) contra la equiparación ejecutada a favor de Panama Ports Company (PPC), antes de conceder los mismos beneficios a Manzanillo International Terminal (MIT).
Vásquez dijo que es necesario esperar el fallo de la máxima corporación de justicia, debido a que existen algunas incongruencias jurídicas en cuanto a la forma en que se produjo la equiparación de PPC.
Sostuvo que cualquier decisión del Consejo de Gabinete, sobre la petición de Manzanillo International Terminals, debe estar condicionada al recurso de nulidad presentado por algunos legisladores del PRD contra la equiparación dada a la PPC.
Según Vásquez, entre los miembros del Colegio Nacional de Abogados existen serias dudas que la resolución ministerial sea la vía idónea para acceder a la petición expresada por Panama Ports, y por ello es necesario esperar la decisión de la Corte.
Explicó que un contrato ley para su aprobación debe ser discutido por la Asamblea y mantiene una serie de requerimientos legales, por lo que consideró necesario un análisis jurídico de esta situación de parte del Gobierno, antes de proceder a equiparar los contratos de las otras empresas.
Por otro lado, se informó que la demanda de nulidad presentada por el PRD contra la equiparación realizada a Panama Ports se encuentra en el despacho del magistrado Winston Spadafora y está pendiente de resolver la suspensión provisional de la resolución.
Trascendió que la sola presentación del recurso de nulidad no suspende la decisión asumida por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de manera temporal, y que esta decisión queda en manos del magistrado sustanciador.
Por su parte, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jerry Salazar, consideró el otorgamiento de tierras a la MIT como positivo, debido a que complementará el desarrollo que se está efectuando en esa empresa portuaria.
Aunque reconoció desconocer si efectivamente el Gobierno otorgará tierras a MIT, Salazar sostuvo que la importancia de Panamá en la actividad marítima y en el transporte de carga requiere que el país mantenga su eficiencia y competitividad.
"El país tiene la responsabilidad de proyectarse como se ha proyectado, de manera sumamente responsable en el manejo del Canal y de los puertos. Y esto ahora mismo en Latinoamérica es sumamente fundamental", indicó.
El pasado lunes, el primer vicepresidente de la República, Arturo Vallarino, manifestó que el Gobierno otorgará a MIT las tierras adyacentes al terminal portuario para que sean utilizadas en su expansión.
Según el vicepresidente, el Consejo de Gabinete ya aprobó una resolución otorgando la concesión de las tierras, pertenecientes a la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI).
Las declaraciones del director de la AMP se dieron ayer durante la inauguración del II Seminario de Seguridad Portuaria, que se realiza en esta capital, con la participación de especialistas en puertos y aduanas de entidades gubernamentales de Panamá, Estados Unidos, Colombia y España, entre otros.
La jornada, que forma parte del Programa de Seguridad Portuaria (PSP), busca que los representantes de todas las organizaciones dedicadas a operar la seguridad portuaria en diversos países, puedan mantener los controles para el comercio lícito, salvaguardando derechos como el trabajo y un ambiente libre de drogas.
También se procura mantener la competitividad de los importadores y exportadores, terminales portuarios y ciudadanos de los países que mantienen vínculos comerciales con Colombia.
El evento, organizado por la AMP, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, las embajadas de Estados Unidos en Panamá y Colombia, la Cámara Marítima de Panamá y el Programa de Seguridad Portuaria de Colombia, culminará mañana 19 de julio.
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