Unos 73 vehículos propiedad del Estado fueron utilizados indebidamente durante los días de carnaval, según las inspecciones realizadas por la Contraloría General con apoyo de agentes del Tránsito de la Policía Nacional.
Uno de los vehículos, que no era conducido por un servidor público, se utilizó incluso para transportar materiales de una comparsa y licor. Además, el vehículo circulaba por la Autopista Arraiján-La Chorrera, sin placa oficial, sin salvoconducto ni revisado. Por si fuera poco, en él viajaban particulares, incluyendo un niño, por lo que el bien del Estado quedó bajo custodia de la Policía.
En otro de los casos, un microbús transportaba a varios funcionarios con algunos de sus hijos, por lo que se investiga el salvoconducto. También en el área de la Autopista Arraiján-La Chorrera un funcionario utilizó una Land Cruiser que portaba el respectivo salvoconducto, para transportar en horas de la noche a su esposa e hijos, por lo que se procedió a dar la orden de que se bajaran del vehículo.
El funcionario que viole el Decreto Ejecutivo 124, que reglamenta el uso de vehículos del Estado, debe pagar una multa de 100 balboas, independientemente de las medidas administrativas disciplinarias que tomen las autoridades donde labora.
Otro de los hechos reportados por la Contraloría es el de un sedán que era conducido por funcionarios con signos de haber ingerido licor y que no presentaron salvonconducto, por lo que la Policía se hizo cargo del caso. Entre las irregularidades encontradas está el no portar la franja amarilla, permisos vencidos y salvonconductos que no especificaban la misión.
La información suministrada a El Panamá América revela que los vehículos que viajaban sin salvoconducto pertenecen al Banco Nacional, los ministerios de Educación, Obras Públicas, Salud, Vivienda, el Municipio de Barú, CODEI, y el Circuito de Oriente Ngöbe Buglé.
Los vehículos que trasladaban personas y objetos ajenos a la misión, no tenían franja ni logo y portaban placas vencidas, son responsabilidad de los ministerios de Educación, Gobierno, Juventud, Salud, Desarrollo Agropecuario, Vivienda, Organo Judicial, Registro Público, Autoridad Nacional del Ambiente, Autoridad de la Región Interoceánica, Asamblea Legislativa, Autoridad del Canal, Banco Nacional, Banco de Desarrollo Agropecuario, Caja de Seguro Social, Correos Nacionales, Aeronáutica Civil, Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
Otras de las entidades responsables por los funcionarios que violaron el decreto son el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, Instituto de Mercadeo Agropecuario, Instituto Nacional de Formación Profesional, Instituto Panameño de Turismo, Instituto de Habilitación Especial, Migración, los municipios de Panamá, Chepo, Olá, Santiago, Barú, Changuinola, Colón, Consejo Provincial de Bocas del Toro, Junta Comunal Rodolfo Aguilar y la Junta Comunal Piedra Roja.
La fiscalización de la Contraloría se realizó en puestos de vigilancia fijos y móviles, del 28 de febrero al 1 de marzo, y en ese periodo circularon 317 vehículos propiedad del Estado por diferentes áreas del país.
