Tomás Mendizábal, director del museo Antropológico Reina Torres de Araúz, señaló al Panamá América que si bien existen leyes penales que castigan a los extractores de piezas arqueológicas, en el país no se puede sancionar a quienes se les sorprenda negociando estos fragmentos antiguos.
No obstante, recalcó que se está tratando de modificar el código penal para establecer penas más fuertes que castiguen tanto a los "huaqueros", como a los comerciantes.
Mendizábal destacó que en países como Estados Unidos e Ingletarra no se restringe el tráfico de piezas culturales, por lo que ellos generan la oferta hacia los países latinoamericanos. "Incluso este negocio se realiza hasta por internet".
Señaló que gran parte del patrimonio histórico de Panamá está disperso nacional e internacionalmente, por lo que hace un llamado a los coleccionistas que registren sus piezas para tener un inventario de la riqueza arqueológica del país, ya que el actual se encuentra incompleto. El valor de las antigüedades encontradas en Estados Unidos, según la fuente, es invaluable, pero en el mercado "negro" la venta de antiguedades genera millones de balboas.
Agregó que esta irregularidad se está viviendo una vez más en el punto de la libertad de expresión, ya que existe jurisprudencia por parte del Sistema Interamericano de Derecho Humanos en este tema. Sin embargo, agregó que los tribunales locales, siguiendo las instrucciones de sus superiores, y por otro lado, "amparándose en la ignorancia inexcusable de la que son expertos en hacer gala", están violando una serie de convenios y tratados internacionales que son de ejecución obligatoria para Panamá como Estado signatario.
Bernal racalcó que esta situación debe servir al país como alarma para que obligatoriamente los ciudadanos conozcan sus derechos y que el Estado cumpla sus deberes.
"Cuando un Estado vulnera las normas internacionales sobre los derechos humanos, se deben tomar medidas que respeten el imperio del derecho", agregó.
Asimismo declaró que se necesitan estructuras judiciales independientes, en las que se reconozca constitucionalmente la supremacía del derecho.
Mediante la Ley 25 de 1990 se destituyó un gran número de empleados públicos, quienes llevaron su situación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo, por su parte solicitó al gobierno cumplir con la sentencia de la Corte, que fue establecida hace cuatro años.
