En la audiencia por el delito de corrupción contra el ex presidente de Costa Rica, Rafael Calderón Fournier, su defensa estableció que la documentación bancaria y bursátil obtenida en Panamá, como en otros países, no contó con la autorización de un juez.
La defensa de Calderón Fournier y la del empresario Walter Reiche Fischel en el Tribunal de Juicio de Goicoechea, aseguraron que tales pruebas eran ilegales.
Se mencionó que las cartas rogatorias enviadas a las autoridades de Panamá, Estados Unidos (Miami), Bahamas y Finlandia no estaban firmadas por un juez, como se establece en estos casos.
En Panamá se detectaron cuentas bancarias de este escándalo de corrupción.
Estos requisitos están estipulados en el Tratado de Asistencia Legal Mutua, que se utiliza para gestionar ayuda judicial en Centroamérica y Panamá, informó el diario La Nación de Costa Rica.
Revela la información que no se respetó la cadena de custodia de las pruebas adquiridas y se incorporaron al expediente de manera irregular.
La Procuraduría General de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social establecieron un perjuicio contra el Estado por cerca de 135.5 millones de colones.
