El tribunal de arbitraje en el conflicto entre el Estado y el consorcio Van Dam-Sosa y Barbero alcanzó ayer una decisión sobre el reclamo de B/.60 millones en indemnizaciones que hace esta empresa por la paralización de la construcción de un segundo puente sobre el Canal de Panamá.
Los tres miembros del tribunal, Guillermo Márquez Briceño, Jorge Fábrega Ponce y Simón Tejeira tomaron su decisión ayer en la Cámara de Comercio de Panamá, pero decidieron hacerla pública el próximo martes.
Los árbitros se abstuvieron de realizar declaraciones a la prensa, bajo el argumento de que debían notificar primero a las partes involucradas de su decisión.
De acuerdo con una fuente cercana al proceso, la decisión puede favorecer a la empresa, sin embargo, por un monto menor al solicitado.
Una fuente vinculada al consorcio reveló que su reclamo se desglosa en B/.30 millones por en cuentas por pagar y los intereses que las mismas acumularon durante 16 años.
El 27 de abril pasado la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por el fiscal primero, Manuel Sucari, quien actuó como representante el Estado en el litigio, lo que dejó la puerta abierta para que los árbitros emitieran concepto sobre las reclamaciones.
En 1981, el gobierno panameño decidió suspender sin causas aparentes las obras de construcción del puente, tras la firma de un contrato B/.100 millones para la ejecución de la obra y luego que la empresa hubiese hecho una serie de trabajos.
El litigio que ha durado 13 años en los tribunales panameños finalmente parece llegar a un término, ya que las leyes establecen que su veredicto será de estricto cumplimiento para las partes.
