“Como vergonzoso, triste y lamentable”, catalogó el legislador arnulfista José Luis Fábrega la posibilidad de que legisladores estén cobrando un porcentaje del salario de los trabajadores que mantienen en sus planillas.
Mientras que el fiscal auxiliar, Carlos Augusto Herrera, declaró (con su acostumbrado estilo evasivo) que en este caso no puede afirmar ni negar nada, porque las investigaciones están incipientes.
La opinión del legislador Fábrega surge en respuesta a las investigaciones que realiza el Ministerio Público para esclarecer la presunta contratación de 120 trabajadores que cambiaban los cheques y luego retornaban un porcentaje a dos legisladores, presuntamente, uno de gobierno y otro de oposición.
Fábrega lamentó que después de cuatro administraciones de diferentes partidos políticos, persista la mala imagen que se tiene de la Asamblea Legislativa.
Dijo que los cambios que se han hecho son de carácter cosmético, porque se la han pasado pintando edificios, reparando curules y estableciendo la votación electrónica, que no funciona, pero “a la hora de la hora siguen los mismos casos bochornosos”.
Lamentó que la Asamblea Legislativa, además de tener responsabilidad en el escándalo por el caso CEMIS, ahora se vea involucrada en éste de “extorsión” por parte de algunos legisladores a humildes panameños, amenazándolos que si no le dan parte del dinero, no cobrarán en la próxima quincena.
Fábrega propuso que el manejo de los contratos se le otorgue directamente al Secretario General, que a su vez debe ser escogido por las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea y no por una mayoría simple.
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