La crítica centrada en el reciente viaje de la presidenta Mireya Moscoso al Vaticano, ha eclipsado el requerimiento de otros informes oficiales sobre los demás funcionarios que viajan a expensas del Estado.
¿Pueden todos los empleados públicos viajar al exterior en primera clase con fondos estatales? ¿Pueden los funcionarios acumular millas para su beneficio personal con las tarjetas de viajero frecuente si viajan para misiones ligadas con su trabajo como servidores públicos?
Las anteriores, y varias otras interrogantes se formularon escrita y verbalmente a la secretaría de la Contraloría General de la República, y a la Dirección de Administración y Finanzas de esa misma entidad estatal fiscalizadora, sin éxito en ninguno de los dos casos.
Mientras se pedía información, una pesquisa documental arrojó luces acerca de (al menos) la primera de las preguntas. La ley de presupuesto de este año, desgrana un racimo de funcionarios que pueden viajar "en primera clase", pero queda claro que los demás deben viajar en "clase económica".
Las otras interrogantes siguen en manos de la Contraloría. Está por ejemplo: ¿A cuánto asciende el monto anual de gastos que hace el Estado en viajes de funcionarios al exterior?
Ya no parece necesario mencionar el misterio insondable que marca la falta de información concerniente a los viajes realizados por los funcionarios, pero es justo reconocer que esa práctica de soterrar información, no es potestad de la actual administración.
En 1996, el entonces legislador opositor, Bolívar Pariente, cuestionó la actitud del gobierno de entonces, por no revelar lo que habían costado al contribuyente los 25 viajes que había realizado hasta ese momento (según el denunciante) el presidente Ernesto Pérez Balladares.
En una noticia se citaba a Pariente diciendo que "el presidente ha viajado mucho, por lo que amerita que la Contraloría haga público el costo real de los viajes de Ernesto Pérez Balladares". Improbable sería escuchar hoy a Pariente exigir lo mismo al actual Contralor.
Tampoco es probable que el ex ministro Mitchell Doens, hubiese hablado en su momento y públicamente a Pérez Balladares (quien ha sido señalado por viajar con numerosas delegaciones), en los términos que habló ahora a Moscoso, al deplorar su viaje por el alto número de acompañantes.
En lo que ambas administraciones coinciden es en ocultar información. También los distintos gobiernos se asemejan en haber anunciado control de los viajes al exterior, aunque luego la práctica haya demostrado que tal boceto de enmiendas en varias oportunidades, se fue desdibujando.
En 1990, el entonces contralor Rubén Carles anunció "drásticas" medidas de reducción del gasto público, incluyendo una limitación de los viajes al exterior pagados por el Estado, y ya se ha visto que bajo el gobierno que siguió, las críticas por la cantidad de viajes se desbordaron.
Pero bajo la administración de Pérez Balladares también se anunciaron medidas de control de viajes al exterior. Ejemplo de esto es que en 1996, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa quiso "reglamentar" los viajes de legisladores para "eliminar la mala imagen" que tenían. Otro tanto hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando en ese mismo año (1996) anunció medidas de austeridad, entre las que se contaba un "mayor control de los viajes al exterior".
Ahora con una nueva directiva en la Asamblea, el presidente Laurentino Cortizo adelantó que se "recortarían los gastos" de viajes al exterior y viáticos, entre otros, pero esa tónica de recortes en viajes, por ahora, no parece que será catapultada como anuncio, desde otras áreas del actual gobierno.
Ya es de dominio público que la presidenta evitó siquiera rozar (ante los micrófonos) el tema de su travesía a Roma, para entrevistarse con un Papa quien tampoco escapó en su oportunidad, del escrutinio de los periodistas que no dejaron de cuantificar la cantidad de viajes que ha realizado.
Palabras más, palabras menos, se cuenta que en una ocasión Juan Pablo II fue interpelado en una rueda de prensa, por un periodista, quien lo interrogó acerca de sus plurales viajes alrededor del mundo.
-¿Cree usted que son necesarios tantos viajes?, se le inquirió.
-Si más medios de comunicación como el suyo, se ocuparan de difundir los mensajes y las obras de la Iglesia, tal vez yo no necesitaría realizar tantos viajes, respondió suavemente, el Sumo Pontífice.
Ya sabemos que recientemente la presidenta Mireya Moscoso realizó el viaje a Roma para hablar con el autor de la ingeniosa respuesta, pero no ha tenido igual suerte que su santísimo interlocutor, para aplacar las críticas y preguntas tábano de los periodistas, acerca de sus viajes.
El vicepresidente Dominador K. Bazán, ensayó, para explicar el viaje, una excusa similar a la exteriorizada por el Papa Juan Pablo II, pero al parecer su iniciativa no ha cuajado con igual efecto disuasivo en nuestro país donde se pide saber los gastos en que incurren los contribuyentes.
Bazán dijo que "la autoridad más alta que nosotros tenemos es la presidenta Mireya Moscoso, y ojalá hiciera más viajes, porque los representantes de otros países la escucharán más".
CRITICAS Y EXPLICACIONES
Aparte de las críticas endilgadas al Ejecutivo, públicamente se ha criticado a no menos de tres funcionarios de gobierno por sus viajes al exterior. Dos de estos han explicado sus puntos de vista al respecto, pero al tercero no se le conoce explicación pública alguna.
Este último es el alcalde de Panamá, Juan Carlos Navarro, quien fue criticado por la ex alcaldesa Mayín Correa. Ella le reprochó haber hecho más de 18 viajes (otro medio de comunicación reportó que eran 16) en menos de un año, utilizando los fondos del Municipio.
De acuerdo a la alcaldesa, esos viajes efectuados por Navarro se dan en "primera clase" y él se hace acompañar de concejales o "secretarios privados".
Este rotativo intentó obtener, en distintas oportunidades, por medio del Departamento de Comunicaciones de la Alcaldía, una versión al respecto de esa entidad estatal, pero no hubo respuesta.
Otro funcionario también criticado fue el defensor del Pueblo, Italo Antinori, pero éste sí ofreció explicaciones. Al Ombudsman se le señaló por estar "paseando" en el extranjero, versión que se refutó desde la secretaría general de esa instancia de derechos humanos.
"Podemos asegurarle que el Defensor del Pueblo es probablemente uno de los funcionarios públicos que menos viajes ha realizado con fondos del Estado. Durante toda su gestión ha realizado trece (13) viajes oficiales al exterior", aclaró una réplica de la Defensoría.
Enrique Garrido, ex presidente de la Asamblea Legislativa, fue señalado por el legislador Miguel Bush, quien le deploró el que gran parte de su gestión la hubiese realizado "montado en un avión", haciendo referencia a la cantidad de viajes que efectuó.
Garrido se defendió diciendo que varios viajes que efectuó al extranjero se dieron por cortesía de organismos y parlamentos amigos con los cuales la Asamblea Legislativa de Panamá mantiene comunicación.
VIATICOS Y PRIMERA CLASE
En julio de 1994, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la frase final del artículo 463 del Código Electoral, mediante el cual los viáticos para viajes de los Magistrados del Tribunal Electoral no necesitan aprobación de la Contraloría. ¿Cómo se pagan los viáticos de funcionarios públicos?
En el artículo 175 de la Ley No 61 de 31 de diciembre de 1999, por la cual se dicta el presupuesto del Estado para la vigencia Fiscal de 2000, se dispone aquello relativo a los viáticos en el exterior del país. Los funcionarios que vayan a misiones oficiales fuera del país deben pedir la autorización.
Tal solicitud de autorización debe ser elevada al Ministerio de la Presidencia, que también puede revocarla. "En los casos de los órganos Legislativo, Judicial, Ministerio Público, Tribunal Electoral y la Contraloría General de la República, solamente se le comunicará", dice también la norma.
El artículo 176 de la misma Ley No. 61, se dictamina que "los funcionarios que viajen al exterior en misión oficial viajarán en clase económica". Pero esto (lo dice la misma disposición legal) tiene sus excepciones, y así, varios funcionarios públicos "viajarán en primera clase".
Se cuentan en este grupo de excepciones al presidente y los vicepresidentes de la República, a los Ministros, Viceministros, Legisladores de la Asamblea Legislativa, incluyendo al secretario y subsecretarios generales, y al Defensor del Pueblo.
Están también en este grupo el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Contralor, el subcontralor general, los Magistrados del Tribunal Electoral, y los Embajadores.
Completan la lista los directores y Gerentes Generales de las Entidades Descentralizadas, empresas Públicas e Intermediarios Financieros.
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