Trabajadores despedidos por la Ley 25 de 1990 pidieron ayer al presidente del país, Martín Torrijos que reemplace al ministro de Trabajo, Edwin Salamín, en las negociaciones que adelantan con el Estado, argumentando que "no está cumpliendo su palabra".
Los ex trabajadores acudirán el próximo lunes a la Presidencia de la República para recordarle al jefe del Ejecutivo la audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia laboral que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Estado panameño deberá comparecer ante los jueces durante el primer semestre de 2008 para rendir cuentas sobre el cumplimiento efectivo de la sentencia, dictada en el 2001.
Los ex empleados, quienes sufren problemas económicos, informaron ayer que están dispuestos a aceptar los B/.20 millones que ofrece el Gobierno, siempre y cuando se realice en un solo pago.
Rubén Guevara, vocero de los ex trabajadores, dijo que Salamín ha actuado de forma "prepotente", interpretando la sentencia a su manera.
La CIDH decidió que el Estado debería pagar a cada uno de los trabajadores (270) la suma de B/.3 mil por concepto de daño moral, pero esto no se ha cumplido.
