Un informe de la Comisión de Justicia y Paz revela la existencia de excesos policiales y constantes violaciones de las garantías fundamentales por parte de las autoridades llamadas a proteger la vida.
El documento señala que a pesar de haber planteado sus preocupaciones ante el director de la Policía Nacional y el de la Oficina de Responsabilidad Policial, no han obtenido respuesta sobre este tema.
También señala que la población penitenciaria en las cárceles del país se duplicó en junio de 1997, lo que ha provocado un hacinamiento alarmante y un aumento de la actividad represiva del Estado.
A su vez indica que la lentitud de los procesos judiciales, la tímida aplicación de las medidas cautelares y la aparición de nuevas conductas delictivas son otros aspectos de esta situación.
Destaca que entre las violaciones más comunes se encuentran el irrespeto a la presunción de inocencia, la aplicación de tratos crueles e inhumanos, hechos que se alejan de un estado real de derecho.
En cuanto a la repatriación forzada de una grupo de más de 200 indocumentados del área del Darién, tras registrarse la incursión de paramilitares en la región, considera que también constituye una flagrante violación a los derechos humanos, al incluirse a personas con más de 20 años de residir en Panamá.
Con relación a los derechos económicos y sociales, señala que a pesar de un crecimiento económico del 3.7% durante el pasado año, sus efectos en el mejoramiento de la calidad de vida fueron prácticamente nulos.
A su vez denuncia que existen zonas en las provincias de Veraguas, Darién y Chiriquí que carecen de agua potable y que las cifras de desnutrición en áreas como Kuna Yala y Bocas del Toro superan el 40%.
Critica además la concesión de explotaciones mineras en áreas habitadas por poblaciones indígenas, así como el daño ambiental producido por la construcción del proyecto turístico 2,000 en la provincia de Colón.
