Voceros de EPASA acuden hoy a la CIDH

A LAS 7:00 de la mañana de ayer partieron hacia Washington, Estados Unidos, voceros de Editora Panamá América S. A. (EPASA), quienes se reunirán hoy en esa ciudad con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Bertoni, para exponer los detalles de la demanda millonaria interpuesta por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora, contra la empresa periodística.
La comitiva, que se reunirá con Bertoni, la integran el abogado Octavio Amat, director del Panamá América, y los periodistas Eduardo Soto, director de DIAaDIA, y Jean Marcel Chéry, reportero de La Prensa, cuyo salario recientemente fue secuestrado por el magistrado Spadafora, a raíz de una publicación que este comunicador firmó cuando laboraba en EPASA en el año 2001, y en la que también aparece como autor Gustavo Aparicio.
Ambos periodistas fueron condenados en doble instancia a 12 meses de prisión por "injuriar" al magistrado Spadafora.
El relator por la Libertad de Expresión recibirá toda la documentación sobre el caso penal que culminó en condena, y que genera la millonaria demanda civil que ahora promueve Spadafora, así como también una solicitud formal para que el pleno de la CIDH le dé cortesía de sala a Editora Panamá América en octubre.
Previo a la salida hacia Washington, el periodista Chéry se reunió con el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, y el adjunto y delegado para la Libertad de Expresión de la Defensoría, Guido Rodríguez, en busca de asistencia sobre las acciones a tomar a nivel internacional en defensa de la libertad de expresión en Panamá.
En julio de 2004, el Estado costarricense fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por un caso similar al de Chéry, a indemnizar a los afectados y a adecuar su legislación interna, para hacerla compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
El magistrado Winston Spadafora entabló una demanda contra EPASA por dos millones de dólares y el secuestro del salario del periodista Chéry hasta alcanzar la suma de 18,753 dólares.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en el 2004 al Estado costarricense por un caso similar al de Chéry, a indemnizar a los afectados y a adecuar su legislación interna, para hacerla compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.