El informe oficial que presentó en el 2005 la ex embajadora de Estados Unidos en Panamá, Linda Watt, para que su gobierno le revocara la visa de entrada al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora, puso al descubierto un supuesto sistema articulado de corrupción del que muy pocos escapaban dentro de este Órgano del Estado.
Para Estados Unidos la mayoría de los magistrados manejaba a la Corte Suprema como “una empresa privada para hacer dinero”, a través del “soborno y venta de fallos”.
La ex embajadora Watt sostuvo, en un cable fechado el 25 de julio de 2005, en el que detallaba la solicitud de restricción de visa a Spadafora, que este primer paso podría servir para que se iniciara una “depuración” dentro de la Corte Suprema, ya que el presidente Martín Torrijos “no había dado señales” de querer hacer algo al respecto.
Watt dijo en el cable que la embajada poseía información “creíble y convincente” de que siete de los nueve magistrados, incluido Spadafora, se habían beneficiado de “prácticas corruptas y sobornos” dentro de la Corte Suprema, dejando un efecto directo y negativo sobre los intereses de Estados Unidos.
“Spadafora ha participado intencionalmente y personalmente de un sistema activo de sobornos. Él es parte de un grupo de siete magistrados de los nueve miembros del tribunal, que rutinariamente aceptan sobornos y emiten resoluciones judiciales contrarias a la razón”, comentó Watt en el cable, que fue filtrado a Wikileaks y entregado a Panamá América.
En el 2005, los magistrados de la Corte Suprema eran: Spadafora, Alberto Cigarruista, Rogelio Fábrega, Aníbal Salas, Graciela Dixon, César Pereira Burgos, José Troyano, Arturo Hoyos y Adán Arnulfo Arjona.
El cable no detalló los nombres del grupo de magistrados supuestamente corruptos, solo hace la salvedad de que el ex magistrado Arjona no avaló varios de los fallos irregulares que se dieron entre el 2003 y el 2005.
La ex embajadora señaló que la corrupción en la Corte Suprema, “ejemplificada por Spadafora” es la causa fundamental para que los panameños tengan falta de confianza en el Estado de Derecho.
“Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá deciden los casos basándose en un cálculo cuidadoso de beneficios políticos o financieros para ellos, sus amigos y patrocinadores políticos. Manejan la Corte Suprema como una empresa de hacer dinero, sin tener en cuenta la ley, las necesidades del país o el bien público”, destacó Watt.
En ese momento, Watt señaló que Torrijos no había encontrado un método para atacar legalmente a los jueces corruptos.
“La embajada considera que la revocación de la visa de Spadafora le dará un impulso importante para que Torrijos haga algo con la Corte Suprema”, vaticinó Watt.
La ex embajadora agregó que si la corrupción y la impunidad siguen siendo “rampante” en los niveles más altos del sistema judicial, Panamá tenía pocas esperanzas de éxito para enfrentar este mismo problema en otras instituciones del gobierno y la comunidad empresarial.
“Las acciones de la Corte Suprema y las actitudes que se reproducen atentan directamente contra las instituciones de Panamá”, opinó la diplomática.
