Weeden aporta más "pruebas" contra Pérez B.

El contralor Alvin Weeden presentó nuevas pruebas que presuntamente vinculan al ex presidente Ernesto Pérez Balladares con la supuesta lesión patrimonial de la empresa Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC).
Weeden aseguró que "no es cierto lo que afirma el señor Ernesto Pérez Balladares de que el pago recibido sea una donación a la campaña del referéndum, toda vez que a la fecha de diciembre de 1997, el tema del referéndum no había sido autorizado por la Asamblea Legislativa".
El contralor acusó a Pérez Balladares de recibir un cheque de B/.18 mil de PECC, a lo que el ex mandatario respondió que se trataba de una donación para el referéndum.
Mediante un comunicado, Weeden señala que en la resolución 28 de 18 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial, se fija el 30 de agosto de 1998 como la fecha en que se someterá a referéndum el Acto Legislativo por el cual se reforma el contenido de los artículos 136, 139 y 173 y se deroga el 145 de la Constitución.
Agrega "que conforme a la repartición de dividendos de diciembre de 1997, los accionistas mayoritarios de PECC son Warmspell Holding Corp., con el 30%, empresa relacionada directamente con Rubén Reyna, según un informe de apertura de la cuenta de esta sociedad en el Banco Iberoamérica".
Además señala el comunicado que la "Soderville Corp. con el 30% (de las acciones de PECC), está relacionada a Hugo Torrijos, quien se valió de su socia Sabrina González, para ordenar la apertura de la cuenta de dicha sociedad en el Banco Continental".
Destaca que los socios minoritarios son Charles Jumet con el 10%, John Webster Warwick con el 10% y tres socios con acciones al portador, que representan el 20% de las acciones, repartidas así: 7.5%, 7.5% y 5%.
"Con esto se demuestra que para diciembre de 1997, el señor Charles Jumet no era el accionista mayoritario de PECC tal como él afirma", indica Weeden.
Advierte que el cheque No. 18767 girado al portador por B/.18 mil fue depositado directamente en la cuenta de Pérez Balladares, cuando no existía referéndum.
Mientras que el periodista Tomás Cabal, tras rendir una declaración jurada por cinco horas y media ante el Ministerio Público, dijo estar dispuesto a someterse a un careo con su colega, Michelle Lescure, para establecer la veracidad de la supuesta conjura contra altas figuras del Gobierno.
Cabal alegó haber entregado al Ministerio Público una entrevista con el empresario, Marc Harris, en donde éste hace graves acusaciones de corrupción gubernamental.
Aseguró que en los vídeos que entregó con las entrevistas que hizo a Charles Jumet y Harris, ambos hacen importantes revelaciones sobre donaciones y contribuciones a la presidenta Mireya Moscoso.
Trascendió que el Consejo Nacional de Seguridad mantiene en su poder una serie de vídeos y fotografías de las vigilancias realizadas a Cabal y los denunciados ante el Ministerio Público, en donde se establece su presunta participación en un complot.
Por otra parte, Temístocles Díaz, miembro del Consejo Ejecutivo del MOLIRENA, dijo que es saludable que los políticos denuncien los actos de corrupción y agregó que esto demuestra que no hay un pacto entre ellos para ocultar estos escándalos.
En tanto, la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, consideró que la solicitud del contralor Alvin Weeden para que se suspenda el contrato con la PECC, no se justifica en estos momentos.
En una vista remitida a la Corte Suprema de Justicia, detalló que en el examen realizado sobre los hechos que plantea la demanda del contralor, se observa que la ley establece que para poder pedir la suspensión de un acto administrativo, deben aportarse los perjuicios que en este caso produce el acto en cuestión, lo cual no se ha hecho.