El contralor de la República, Alvin Weeden, informó ayer que ha ordenado la destitución de ocho funcionarios de dicha institución, quienes resultaron positivos en las pruebas antidoping.
Indicó que el reglamento de la Contraloría establece que no pueden laborar en estas oficinas estatales, funcionarios que ingieran o consuman drogas ilícitas.
Las declaraciones del contralor se dieron durante una disertación sobre "Contraloría y corrupción" ante miembros del Club Kiwanis de Panamá.
De acuerdo con el contralor, desde que llegó a la institución ordenó que todos los actos y contratos superiores a los B/.10 mil sean supervisados directamente por su persona.
Añadió que se ha preocupado por fiscalizar el buen uso de los fondos públicos y la eficiencia en su administración, por lo que creó la Auditoría de Gestión.
Precisó que hasta la fecha la Contraloría ha detectado signos de corrupción en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), en la compra de medicamentos de la Caja de Seguro Social para otros fines que no sean los de su misión, y la emisión de bonos fraudulentos en el Municipio de Colón.
Por otra parte, el fiscal de las Finanzas Públicas, indicó que en los próximos días los liquidadores del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) pagarán al Estado unos B/.400 mil en indemnización por daños causados.
Posteriormente, en un mes se entregará otra partida de más de un millón, y así se recuperarán los dineros que el exgeneral Manuel Antonio Noriega desvió a esta entidad bancaria.
Los liquidadores del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) se comprometieron a pagar al gobierno panameño B/.16.5 millones en concepto de cuentas depositadas en esta entidad a nombre del exgeneral Manuel Antonio Noriega, cuyos fondos provenían de las finanzas públicas.
Según informó el contralor de la República, los representantes del gobierno panameño acordaron con los liquidadores esta transacción para recuperar parte de los B/.23 millones que habían sido desviados por Noriega.
Detalló que una parte de este dinero ya fue cautelado en Panamá, B/.5 millones 100 mil, los cuales ingresaron al Tesoro Nacional y queda un saldo de B/.2 millones por ciertos procesos pendientes.
