El diputado de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, Franz Wever, pidió a los transportistas que reconozcan que han fallado y en ésto se incluyó.
"La ley no la hemos cumplido durante muchos años, hemos fallado y queremos cambiar nuestra actitud para ofrecer nuestro trabajo al usuario con responsabilidad y respeto", aseguró.
Dijo que en la Comisión de Transporte actúa como tal y no como transportista, ya que sus electores utilizan el sistema de transporte público, y en este caso velará por ellos.
Seis proyectos están paralizados por el SUNTRACS en Paitilla, Villa Las Fuentes, El Cangrejo y Costa del Este.
Alfredo González, de 61 años, es la última víctima. Murió al caer del piso 11 del proyecto "Imperial Tower" en Costa del Este.
Explicó también que el Artículo 235 afectará al sector empresarial, en especial a la pequeña empresa.
Este artículo fija penas de 2 a 4 años de prisión para el director, dignatario, gerente, administrador, representante legal, empleado o trabajador de una empresa que retenga y no remita las cuotas empleado- empleador de la Caja de Seguro Social.
Lo preocupante en este caso, dijo Eleta, es que la CSS tiene un sistema de información atrasado y se corre el riesgo de que se encarcele a dignatarios o representantes de empresas, habiendo ya cancelado estas cuotas o aún cuando ya no exista ningún tipo de relación laboral de una persona con las empresas, ya sea porque ésta haya dejado de trabajar allí o porque la empresa haya quebrado.
"Aquí los únicos que se escapan de penas fuertes son los funcionarios y los políticos y, por el contrario, se quiere penalizar duramente a los pequeños empresarios.
Ese es el tipo de situaciones que preocupa a la población y por supuesto a la Cámara de Comercio", destacó.
Por otro lado, el recién electo presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Jean Marcel Chéry, también pidió al presidente de la República que objete parcialmente el proyecto, tras considerar que algunos artículos atentan gravemente contra la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a ejercer libremente la profesión de periodista.
Entre esos artículos están el 164 que sanciona la difusión de información obtenida legítimamente que pueda considerarse privada, sin importar si es de interés publico, y el 420 que sanciona a quien revele información referente a la seguridad del Estado, lo cual, según Chéry, deja abierta la posibilidad de castigar a quien difunda cualquiera información en manos de estamentos policiales, aunque ésta no represente un peligro para la seguridad nacional.
Además de atentar contra la libertad de expresión, sostuvo que estas normas servirían para encubrir actos de corrupción, principalmente en el sector gubernamental.
Sobre el tema, Torrijos aseguró ayer que está estudiando el documento.
“Voy a evaluar el proyecto, sobre todo porque reitero mi compromiso y mi voluntad para que en este país se sepa cómo se gastan los dineros del Estado", afirmó.
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