El Primer Tribunal de Justicia ordenó al Club de Yates y Pesca devolver parte de los terrenos en que se asientan sus instalaciones y estimó que el Estado tiene derecho a solicitar el pago de una indemnización por la ocupación ilegal de estos terrenos por un período de 10 años.
De acuerdo con la decisión del tribunal, el Club de Yates y Pesca deberá devolver al Estado un total de 12,619 metros cuadrados que ocupaba ilegalmente desde hace 10 diez años y que son producto de una serie de rellenos ejecutados durante varios años.
Según el tribunal, el contrato de concesión fue celebrado el 21 de enero de 1997 por un período de 20 años, sin embargo, dicho documento fue firmado casi 10 años después, luego de que los medios de comunicación social publicaran noticias sobre el relleno realizado por el de Yates y Pesca y el Ministerio de Hacienda decidiera intervenir en el asunto.
También estimó que por más de 10 años el Yates y Pesca ocupó un área de playa rellenada ilegalmente, que en su totalidad abarca una superficie de por lo menos 3,246 metros cuadrados.
A la vez indicó que en el contrato de concesión se describe el terreno con rumbos y medidas, sin embargo, en el expediente no consta un plano demostrativo del área que se da en concesión, por lo que resulta imposible a este nivel jurisdiccional determinar con exactitud cuál es el perímetro dado en concesión y si el mismo coincide o no con lo reclamada por el Estado.
Inicialmente, el Juzgado Séptimo de Circuito Civil ordenó la devolución al Estado de los citados rellenos, pero los miembros del Yates y Pesca decidieron apelar la citada decisión bajo el argumento de que quería presentar nuevas pruebas que acreditaban la validez de las acciones realizadas.
No obstante, el Primer Tribunal Superior decidió mantener la decisión del juzgado, ya que coincidió con las apreciaciones sobre la ilegalidad de la ocupación de los terrenos y la necesidad de establecer el posible pago de una indemnización.
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