Cuatro contrataciones en las que pudo darse una lesión patrimonial en contra del Estado por 26 millones 541 mil 194 dólares, fueron canceladas en los últimos ocho meses por el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, destacándose dos en el Ministerio de Salud.
La zarina Anticorrupción, Abigail Benzadón, manifestó que todos estos casos se empezaron a investigar a partir de denuncias anónimas que ofrecían detalles de las supuestas anomalías.
Finalmente, se encontraron méritos para suspender las contrataciones y presentar las denuncias al Ministerio Público.
En este grupo de licitaciones suspendidas se encuentran dos contratos del Ministerio de Salud. El primero para la compra de ropa hospitalaria por 552 mil 995 dólares, y el otro para el servicio de lavandería por 10 años a un monto de 25 millones de dólares.
Benzadón afirmó que en el caso del contrato para la compra de ropa hospitalaria se logró establecer 14 anomalías que iban desde la alteración de documentos hasta la presentación de un taller textil inexistente.
Por ello, dijo que el 24 de febrero pasado procedió a llevar el caso al Ministerio Público, que acaba de llamar a juicio a las ocho personas implicadas.
El otro contrato cancelado fue el que intentó adjudicar el Registro Público por compra directa de una nueva plataforma de informática por un monto de 298 mil 500 dólares y otro por 195 mil dólares.
El Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción también logró suspender un grupo de contratos por 494 mil 699 dólares en el programa Mi Primer Empleo que manejaba el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, caso que está pendiente de una auditoría final de la Contraloría para determinar si hubo conflicto de interés en el manejo que le dio la ministra Alma Cortés.
“Prevenimos que eso siguiera pasando y el programa fue trasladado a la Ampyme”, comentó Benzadón, refiriéndose al caso del programa Mi Primer Empleo.
Otro de los casos investigados en los últimos ocho meses en el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción fue el de la falsificación de diplomas que también terminó en el Ministerio Público, luego que se comprobaran varios hechos.
A la vez se encontraron irregularidades en la regional de la Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, en Darién.
Facultades.
La zarina aclaró que la legislación no le permite sancionar delitos de corrupción dentro de las instituciones públicas, solo investigar, denunciar y velar por una parte de la trasparencia de las instituciones.
Sin embargo, calificó de muy bajas las condenas cuando se comprueban casos de corrupción, ya que solo pueden ir de 2 a 4 años de prisión.
También dijo que hay una serie de delitos en el ejercicio de la función pública que deben agruparse todos bajo la tipificación de “corrupción contra la administración pública”.
