El diario oficial, La Gaceta, publicó una nueva versión de la Carta Magna en la que incluyó un inciso constitucional que ampara un polémico decreto presidencial que prorroga la permanencia en sus cargos a una veintena de funcionarios públicos, informaron hoy fuentes oficiales.
La publicación de esa Carta Magna fue ordenada por el presidente y la segunda secretaria del Parlamento, los sandinistas René Núñez y Alba Palacios, respectivamente.
La versión constitucional incluye una disposición, considerada transitoria por opositores y juristas independientes, de una enmienda a la Carta Magna hecha en 1989.
"Nosotros estamos cumpliendo con publicar la Constitución tal como en la Asamblea (Nacional) se aprobó, donde hubo una omisión de una parte del artículo 201", argumentó la legisladora Palacios, en declaraciones a periodistas.
Ese inciso constitucional, que no registraba la Constitución después de 1990, se refiere a que los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, y las demás autoridades y funcionarios de diversos poderes, continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deban sustituirlos de acuerdo a la Constitución.
Ese inciso constitucional sustenta, por tanto, un decreto emitido por el presidente del país, Daniel Ortega, que prorrogó el mandato de 25 funcionarios públicos.
Ortega decidió en enero ratificar y prorrogar en sus cargos a tres magistrados de la Corte Suprema y funcionarios de otras instituciones y poderes del Estado cuyo mandato finalizó este año, facultad que, según la oposición, corresponde al Parlamento.
El mandatario aprobó el decreto ante la decisión de la oposición de congelar la ratificación y renovación en el Congreso a autoridades que concluían su mandato, en medio de una crisis generada tras la decisión de la Sala Constitucional de anular el artículo que impide la reelección presidencial, lo que favorecería a Ortega.
La oposición calificó hoy de ilegal la publicación de esa Carta Magna, ya que además de insistir en que el inciso incluido es transitorio, el titular y la segunda secretaria de la Asamblea Nacional se arrogaron, según ellos, funciones que competen a todos los miembros de la directiva parlamentaria.
Por su lado, el experto en derecho constitucional Oscar Castillo dijo a la prensa local que esa versión constitucional "se trata de una publicación amañada y malintencionada para justificar lo injustificable", al incluir la disposición transitoria.
Castillo alegó, además, que la publicación de esa Constitución no contó con el consenso de la junta directiva del Parlamento ni con la ratificación del pleno de la Asamblea Nacional.
