El Gobierno de Nicaragua tratará de "convencer" al Fondo Monetario Internacional (FMI) de que un bono extrapresupuestario de 25 dólares que entregará a casi 100.000 trabajadores del Estado, de la cooperación venezolana, no afectará el programa económico con ese organismo.
"Trataremos de convencer al FMI de que las decisiones y medidas que hemos adoptado y la forma en cómo vamos a registrar (la asignación de esos bonos) son lo que mejor corresponde a los intereses del programa" con el Fondo, dijo a periodistas el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales.
El funcionario indicó que el FMI, que suspendió esta semana una reunión de directorio con Managua por retrasos en dos leyes y dudas sobre el alcance de ese bono salarial para trabajadores del Estado, quiere conocer cómo hará el Gobierno para entregar ese bono a los burócratas, fuera del presupuesto, y sin que eso provoque inflación.
Confirmó que el equipo económico nicaragüense explicará la medida a una misión del FMI que llegará el próximo 20 de mayo a Managua para reanudar las negociaciones.
El directorio del FMI suspendió el martes pasado la cuarta revisión del programa suscrito con Nicaragua prevista para esta semana, que permitiría a Managua obtener un desembolso de 18 millones de dólares de ese organismo, de 108 millones que ha comprometido a esta nación centroamericana.
El FMI explicó en un comunicado que pospuso la cuarta revisión del acuerdo con Nicaragua "para evaluar el impacto en el programa de las medidas económicas anunciadas recientemente y otras asociadas con el programa", entre ellas ese bono salarial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un mitin con seguidores suyos en una plaza de Managua, para conmemorar el Primero de Mayo, anunció que otorgará un bono de 25 dólares a partir de este mes que beneficiará a policías, soldados, maestros, trabajadores de la salud, técnicos, administradores y otros empleados estatales.
Ese bono salarial ha sido cuestionado por la oposición y el empresariado local porque será gestionado fuera del presupuesto, lo cual, advierten, puede originar un efecto inflacionario, lo que el Gobierno niega.
