La nicaragüense Maricela Soza, deportada este miércoles de Estados Unidos, donde residía con sus dos hijos, confió hoy a Efe que espera que las autoridades norteamericanas revisen su caso para poder reunir a su familia.
Soza, quien es madre de Cecia (de nueve años) y de Ronald (de nueve años), y quienes esta semana protagonizaron una huelga de hambre para evitar la deportación de su progenitora, subrayó que no respaldó la medida de protesta de los menores.
"Ya finalizaron la huelga de hambre y hoy logré hablar con ellos y están bien, gracias a Dios, a pesar de que estamos separados", dijo Maricela en Managua, donde la han acogido sus familiares.
Sus hijos, nacidos en Estados Unidos, adonde llegó Soza en 1997, tras cruzar la frontera de manera ilegal, están al cuidado de un tío, Fausto Soza, y de Nora Sandigo, directora ejecutiva de la Fraternidad Americana, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes en ese país.
Aunque en medios de prensa locales se señaló que tras llegar a Managua en un vuelo comercial, Maricela Soza se trasladó al municipio de Ciudad Darío, en el norte del país, de donde es originaria.
Soza, de 32 años, permanece en esta capital a espera de noticias sobre su caso, y dice estar segura de que si reabren y revisan el mismo, el problema quedará resuelto para volver a ver a sus hijos.
La joven mujer señaló que hoy habló con su esposo, Ronald Soza, quien también vive de manera ilegal en Estados Unidos, y precisó que está en contacto "estrecho" con su abogado, Alfonso Oviedo-Reyes, para darle seguimiento al caso.
Su hija Cecia cuenta con residencia legal en Estados Unidos y Ronald nació en ese país, de donde es ciudadano por derecho.
Sobre su situación en Nicaragua, Maricela anotó que, hasta el momento, ni el Gobierno le ha ofrecido ayuda ni ella la ha solicitado.
No tiene planes en Nicaragua y aseguró que si vuelve a Estados Unidos será por la vía legal.
Soza tuvo la oportunidad de presentar su caso ante un juez de inmigración de Estados Unidos, que ordenó su deportación al descartar que fuera candidata para un alivio migratorio, según Nicole Navas, portavoz del Servicio de Inmigración y Aduanas de Miami (ICE).
La nicaragüense, que estuvo detenida 42 días en un Centro de Transición de Pompano Beach de Miami, recurrió la decisión del juez ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por su sigla en inglés), que desestimó el caso el 21 de julio de 2006.
La cancillería nicaragüense, por su parte, insistió hoy en que "no hay ninguna reacción oficial" sobre el caso de la deportada.
