El "brazo político" de los gobiernos se mantendrá dentro del transporte porque la nueva entidad que regula la actividad carece de independencia y autonomía, consideró José Alberto Mauad Ponce, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en la discusión de proyecto de ley que se lleva a cabo en la Comisión Legislativa de Comunicación y Transporte.
Mauad señaló que la CONEP opina que de la manera como está conformada la Junta Directiva de la Autoridad del Transporte, con la representación de cinco ministros de Estados y tres transportistas, no se garantiza la independencia y autonomía que necesita la entidad, además de que tampoco elimina la política dentro del sector.
"La integración de la Junta Directiva de la Autoridad del Transporte mantiene el statu quo y la injerencia del Ejecutivo en el sector transporte", denunció el abogado vocero del gremio empresarial en la discusión de la nueva legislación.
Advirtió que el proyecto tal como ha sido presentado no garantiza la independencia que necesita la entidad que regule el transporte , un requisito indispensable para hacer mejorar el sector transporte como los usuarios lo desean.
Denunció que en la Junta Directiva de la Autoridad no existe participación de los usuarios, el grupo más afectado ni de la sociedad civil.
La CONEP también presentó una propuesta para permitir la representación de dos miembros de ese organismos en la Junta Directiva de la nueva entidad del transporte, pero la misma fue rechazada por los legisladores.
" En nuestra opinión si no se reformula la forma como está integrada la Junta Directiva el esfuerzo realizado no va a tener ningún efecto porque va a carecer de independencia y autonomía ", reiteró el abogado.
Señaló que el proyecto ha sido discutido con el recién creado comité cívico del tránsito de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) y donde han salido muchas aprensiones sobre la posibilidad que la iniciativa pueda beneficiar a la población.
Advirtió que la Autoridad del Transporte tendrá la facultad para aumentar las tarifas y la forma como estará integrada la Junta Directiva, con 90% de ministros y 10% de transportistas, el aumento del pasaje posiblemente se de y sin que haya beneficio para el consumidor en cuanto al mejoramiento del servicio.
La CONEP igualmente respaldó los señalamientos y propuestas formuladas por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y la CLICAC en el sentido de que las concesiones para la explotación del servicio de transporte público sean otorgadas previa realización de licitación pública, trámite éste que deberá realizarse conforme a la legislación vigente.
La propuesta del gremio empresarial establece otorgar mediante licitación pública las concesiones para la explotación de rutas del servicio de transporte público y de terminales de transporte terrestre.
También el gremio propone la creación de las escuelas de formación de conductores y usuarios como una iniciativa de la empresa privada y no de manera exclusiva de la Autoridad del Transporte.
Mauad consideró que la apertura del sector repercutiría positivamente en el sector y se acabarían las disconformidades que existen actualmente entre los usuarios por el servicio que se les ofrece.
"Los transportistas deben ir asimilando la realidad de que para que mejore el servicio es necesario que todos cedamos un poco", aseguró el representante del CONEP.
La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) coincide en que es necesaria la creación de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, no obstante el referido gremio propone revisar el actual método de concesiones de rutas y terminales de transporte para que se otorguen a través de una licitación pública.
De acuerdo a un documento donde se recogen las consideraciones de la SPIA con respecto al proyecto de ley , el organismo de profesionales propone revisar el método de otorgar las concesiones de rutas y terminales de transporte para que de ahora en adelante se hagan a través de una licitación pública.
La SPIA señala que el método actual y sugerido nuevamente por el proyecto de ley del Ejecutivo " se presta para manejos carentes de transparencia".
"Deben incluirse en los pliegos de cargos y especificaciones los formularios que permitan evaluar la información sobre las calificaciones del concesionario y las tarifas propuestas", apuntó la SPIA con respecto al nuevo método de licitaciones que proponen para otorgar las rutas.
Agrega el gremio que sería conveniente que se realicen evaluaciones de incógnito y de formularios llenados por los usuarios, para que sirvan como medida adicional de calificación.
Establece la SPIA que las concesiones no deben traspasarse, ya que si un concesionario no es capaz por si mismo de cumplir con su concesión, entonces deberá reitarársele la concesión.
En cuanto a la conformación de la Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la SPIA manifestó que le parece saludable que se incluya representantes de la sociedad civil, representadas por los gremios profesionales y técnicos, de los usuarios del transporte público y de carga, y por que no, de los automovilistas que soportan a diario los inconvenientes y riesgos que imponen los transportistas.
Los representantes de la sociedad civil deberán ser designados por los grupos directamente, sin tener que enviar ternas al Ejecutivo como sugiere el proyecto, señaló la SPIA.
Indicó que los representantes de los transportistas deben actuar desligados de los intereses particulares de cada organización, para que cuenten con independencia de criterio y no se vean obligados a apoyar posiciones de defensas, de interés particulares, y no deberán estar sujetos a una revocatoria de mandato.
EL gremio de la SPIA también solicita que la reglamentación que elabore la Junta Directiva de la Autoridad, antes de su aprobación mediante decreto, deberá someterse a una amplia y democrática consulta pública, ya que afectaría directamente a toda la sociedad civil y al público en general.
