Los obispos nicaragüenses demandaron hoy a los diputados de la Asamblea Nacional mantener la penalización del aborto terapéutico y no dejarse confundir por "ideologías", luego de que una veintena de legisladores de la oposición propusiera su legalización.
"Lo exhortamos a mantener firme sus convicciones, no dejándose confundir por ideologías, propagandas y actuales propuestas de ley que van en contra de los principios cristianos que sostienen la defensa de la vida", instó la Conferencia Episcopal de Nicaragua en una carta divulgada en ocasión del Día Nacional de los No Nacidos, que se celebra hoy.
Los obispos nicaragüenses animaron a los legisladores "a no dejarse doblegar frente a propuestas de quienes todavía son partidarios de la cultura de la muerte".
Una veintena de diputados opositores presentaron la semana pasada una iniciativa de ley que busca la legalización en la legislación nacional del aborto terapéutico, prohibido en el Código Penal desde 2006.
Ese proyecto, propuesto por liberales y disidentes sandinistas, sugiere que el aborto terapéutico sea autorizado en casos extremos a embarazadas que se encuentran en situación de riesgo vital por complicaciones de salud y tras dictamen de médicos especialistas de hospitales públicos.
Esa iniciativa es rechazada por los diputados oficialistas que la califican como un "proyecto de muerte", según el coordinador del grupo parlamentario sandinista, Edwin Castro.
En medio la campaña electoral de 2006, que ganó el presidente, Daniel Ortega, el Parlamento nicaragüense escuchó las peticiones de las iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico, que estaba permitido en el Código Penal desde hacía más de un siglo para casos de peligro para la madre.
La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era "determinado científicamente", y consentido por el "cónyuge o pariente más cercano a la mujer".
Esa decisión ha sido criticada por la asociación de médicos de Nicaragua, grupos de mujeres, la organización Human Rights Watch, la ONU y la Unión Europea, que han demandado una mayor discusión sobre el tema.
Un grupo de mujeres interpuso un recurso de inconstitucional contra esta prohibición en enero de 2007 ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado.
