Un grupo de ONG chilenas y entidades de la sociedad civil expresaron hoy su preocupación por los intentos del Gobierno chileno de "criminalizar" la protesta social en el país, especialmente el movimiento estudiantil, que lleva siete meses movilizado para exigir reformas educativas.
Este es uno de los puntos que contiene el informe "El estado de los derechos humanos en Chile 2011", presentado hoy en Santiago, que realiza un balance negativo del cumplimiento y respeto de los derechos humanos en el país.
El documento fue elaborado por una quincena de organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional (AI) Chile, asociaciones de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y de defensa de los derechos indígenas.
En el texto se critica el intento de las autoridades chilenas por criminalizar las protestas estudiantiles con la elaboración, en octubre pasado, de un proyecto de ley que crea el delito de saqueo y castiga con cárcel las tomas de colegios.
El proyecto tipifica como delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles" y establece penas de hasta tres años de cárcel para los estudiantes que participen en tomas ilegales de colegios o universidades.
El Gobierno chileno decidió impulsar esta controvertida iniciativa para frenar los violentos saqueos y ocupaciones de recintos escolares que se han sucedido a lo largo de los últimos meses en el marco del conflicto estudiantil.
Uno de los principales déficit en materia de derechos humanos en la actualidad, según las organizaciones que elaboraron el informe, aún está relacionado con los atropellos cometidos durante la dictadura militar (1973-1990).
En esta materia sigue pendiente la derogación de algunas leyes que fomentan la impunidad, como la Ley de Amnistía, impuesta en 1978 por Pinochet, que "ha sido solicitada reiteradamente por diversos órganos de Naciones Unidas y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Asimismo, el informe critica que la justicia militar se haga cargo de casos que involucran a uniformados que cometen delitos contra civiles, situación que permite la "impunidad" de los agentes policiales del Estado.
En el ámbito de los derechos indígenas, el texto sostiene que "se mantuvo la exclusión política de los pueblos indígenas", que siguen sin contar con una representación en el parlamento, y "continúa la política de criminalización de la protesta social mapuche", la principal etnia indígena del país.
Por último, las diversas entidades hacen un llamado a los tres poderes del Estado chileno para que respeten "los derechos humanos a los que se ha obligado en virtud de los tratados internacionales ratificados y que ya se encuentran vigentes".
"La orientación de la actuación de los órganos del Estado sobre la base de las directrices del derecho internacional de los derechos humanos resulta a nuestro entender fundamental para avanzar en la introducción de las transformaciones que la ciudadanía viene demandando sin ser hasta ahora escuchada", concluye el informe.
