El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, culpó hoy al Gobierno de los altos índices de violencia en las cárceles del país, donde en 2009 murieron 366 reos, según datos de esa organización no gubernamental.
A juicio de Prado, "al Estado no le conviene eliminar la situación de violencia que hay en las cárceles", donde granadas, ametralladoras o pistolas son objetos de habitual circulación entre grupos de presos que se enfrentan a diario los unos contra los otros, según explicó a la prensa extranjera acreditada en Caracas.
"¿Quien es el responsable del tráfico de armas en las cárceles?", se preguntó el activista, quien criticó la actuación de la Guardia Nacional (GN-policía militarizada), la responsable de la custodia carcelaria, y añadió: "Debes estar metido en el negocio interno para que no la elimines (la violencia)".
Prado destacó que "siempre echan la culpa a las mujeres" de los presos por la introducción de armas a las cárceles, pero, dijo: "Yo no creo que sean tan flexibles como para esconder ametralladoras".
"La Guardia Nacional debe irse de las cárceles", dijo sin entrar en más detalles.
Episodios sangrientos se repiten periódicamente en el sistema penitenciario venezolano, conformado por 29 penales y 16 internados penitenciarios, que albergan a unos 36.000 reclusos, según cálculos de la OVP.
La prensa local informó esta semana que en el retén judicial de La Planta, en el oeste de Caracas, han muerto 14 reos en los últimos dos meses por una guerra interna que ha dejado a otros 40 presos heridos.
La OVP calcula que en enero y febrero de 2010 murieron 61 presos en Venezuela, lo que confirma la tendencia de "al menos un muerto por día" de los últimos años.
Mientras los convenios internacionales establecen que debe haber una persona encargada de la seguridad por cada diez internos, en Venezuela hay uno por cada 150 presos, denuncia el organismo.
"Se ha institucionalizado el crimen en las cárceles, se fortalece en vez de erradicarlo. Es un posgrado en crimen donde el bueno sale malo y el malo peor", sentenció Prado.
Para el activista, los altos índices de violencia en los centros penitenciarios venezolanos responden a la estructura actual de las cárceles.
La aglomeración de los reos en prisiones con más personas que plazas reales, la mezcla de perfiles de presos, la poca formación de los funcionarios que allí trabajan o la administración unilateral de los centros por parte del Gobierno son algunos de los problemas identificados por la OVP.
"Las cárceles deben descentralizarse, pasar a ser administradas por los gobiernos regionales y municipales con armonización del nacional", sentenció Prado.
Prado lamentó que los presos no sean "un problema de Estado" en Venezuela, y aseguró que, de mantener la política actual en el área, el país no solucionará la situación.
"No puede juzgarse a una nación por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino por el dispensado a los más marginados: sus presos", dijo citando al ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela.
El Gobierno venezolano creó, en octubre de 2008, el Consejo Superior Penitenciario, integrado por el Supremo y la Fiscalía, para intentar "resolver de manera rápida y efectiva los problemas" que se registran en las cárceles del país, dijo entonces el ministro del Interior de Venezuela, Tarek El Aissami.
También ha admitido la gravedad de la situación carcelaria y ha activado planes para intentar mitigarlo, como instalar juzgados móviles en los penales para acelerar los procesos, y ha anunciado planes de desarrollar un nuevo programa de adiestramiento para los custodios carcelarios.
