La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH) denunció hoy un "grave retroceso" en la reparación a las víctimas del conflicto armado peruano, en particular, durante el segundo gobierno de Alan García.
"En el Gobierno anterior hubo un claro retroceso, en el que incluso llegó a ponerse en marcha una norma cuya vocación era la impunidad de aquellos que habían cometido violación de los derechos humanos", alegó Gloria Cano, representante de la CNDDHH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH, que se encuentra en periodo de sesiones, escuchó los argumentos de la organización que reconoció que ha habido avances en materia de derechos humanos con el nuevo Gobierno de Ollanta Humala pero todavía hay carencias en cuanto a la reparación de víctimas y la represión policial en las protestas civiles.
La ONG advirtió que el Ministerio Público peruano "no está dotado de los mecanismos adecuados" para emprender las reformas necesarias y advirtió que aún "no se ha emprendido un programa de búsqueda de los desaparecidos para que puedan ser retornados a sus familias".
"Aquellos pasos que pudieran tener algún tipo de avance están siendo coartados por el sistema judicial", dijo Cano, que señaló que se minusvalora el testimonio de las víctimas.
Según explicó, "si una persona ve quién se llevo a su padre, a su madre o a su hermano, su testimonio no tiene valor por estar vinculado al caso y tener un interés en el proceso".
Los peticionarios señalaron durante el 144º periodo de sesiones de la Comisión que bajo el nuevo Gobierno de Humala ha disminuido el número de las personas afectadas por represión policial durante protestas civiles.
No obstante, hicieron hincapié en que no se han tomado acciones concretas para prevenir el abuso de la fuerza por los cuerpos policiales.
Por otra parte, la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Rocío Silva, advirtió de la "grave" situación que sufren las mujeres en su país, siendo Perú, según sus palabras, la nación con el índice más alto de violencia sexual de Suramérica y el número 16 del mundo.
El ministro de Justicia de Perú, Juan Federico Jiménez, quien representó al Estado peruano durante la audiencia, expuso la nueva línea del gobierno en materia de Derechos Humanos, la cual recalcó jamás albergará ningún tipo de ley de amnistía.
Respecto a la reparación de víctimas del conflicto armado, Jiménez explicó las líneas generales de un nuevo plan, que, según añadió, ya amparará económicamente a más de 22.000 víctimas a finales del próximo agosto.
El ministro rechazó de plano las denuncias de los peticionarios sobre la represión policial ante las protestas ciudadanas, aunque puntualizó que en ese contexto, pese a que los ciudadanos peruanos son completamente libres de expresarse, no lo son de "atentar contra la propiedad privada".
"En el Perú no está criminalizada la protesta, es un país libre donde los ciudadanos pueden protestar. Lo que no pueden hacer cuando ejercen el derecho a la protesta es invadir y ejercer daños contra la propiedad privada", subrayó el ministro.
Jiménez explicó que uno de los principales objetivos de Perú es conectar los estándares internacionales en materia de derechos humanos con las políticas públicas, como algunos vecinos de la región, como México.
Además, el ministro planteó una estrategia regional para combatir la minería ilegal, que consideró un problema en todo el continente.
