Once organizaciones civiles exhortaron hoy al Gobierno mexicano a poner en marcha un Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos (MPDDH) que cuente con un presupuesto propio, sea elaborado teniendo en cuenta a la sociedad civil y que sea vinculante para las autoridades.
"Tenemos conocimiento de que el Gobierno del presidente Felipe Calderón presentará el mecanismo a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Navi Pillay) el día de mañana, en el marco de su visita a México", explicaron hoy en un comunicado que fija la posición de las organizaciones ante el posible anuncio.
Las agrupaciones enfatizan que la constitución del mecanismo "no ha sido una concesión del Estado mexicano, sino un esfuerzo conjunto de personas y organizaciones que buscan la protección eficaz" de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas.
Dicho mecanismo, que comenzaría a funcionar en septiembre de 2011, "debe ser incluyente y contar con un presupuesto propio", indica el comunicado suscrito por las ONG.
Las organizaciones piden que el instrumento parta de "una definición amplia de lo que es ser defensor y defensora de derechos humanos", que se le dé continuidad "aun cuando haya cambio de Gobierno", y que establezca "medidas de prevención y de investigación claramente establecidas".
Además, debería "incluir oficialmente convenios con los estados" de este país, "ya que, en algunos casos, serán solo ellos los que tendrán que implementar las medidas del mecanismo y, en otros, de manera conjunta con el Gobierno federal".
Las ONG, que conocen ya las directrices del nuevo mecanismo, recordaron que en 2009 se relanzó el diálogo ONG-Gobierno sobre el asunto en dos vías.
Una estaba centrada "en la defensa y promoción de los derechos humanos" y la otra en el "derecho a la libertad de expresión enfocado al ejercicio de la libertad de prensa", que conducirá a tener otro mecanismo, explicaron.
Hasta el pasado 23 de junio, "después de ocho meses de nula disposición de dialogar sobre el mecanismo", la Secretaría de Gobernación (Interior) presentó a varias ONG las directrices elaboradas, algo de lo que las organizaciones se congratulan.
Sin embargo, las mismas agrupaciones civiles recordaron que en México "la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos es de alto riesgo debido a la violencia que se vive en el país y a la política de seguridad que promueve un uso lícito, pero desmedido de la fuerza".
En concreto, citaron un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) que contabiliza "37 casos de amenazas" a defensores de derechos humanos en México "tan sólo en el periodo de septiembre de 2009 a octubre de 2010".
El comunicado fue suscrito por grupos civiles como Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (Amarc), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
También fue firmado por el grupo de Derechos Humanos de la montaña "Tlachinollan", el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), y la Iniciativa Frontera Norte de México, entre otros.
