Más de un centenar de organizaciones civiles pidieron hoy al Congreso y a los Gobiernos estatales la tipificación de los feminicidios en el Código Penal mexicano dentro de un nuevo título para los "delitos contra la igualdad de género".
En un mensaje publicado en el periódico El Universal la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional para el Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, pide a nombre de estos colectivos definir el feminicidio como "la privación de la vida de una mujer por razones de género".
La propuesta, que están analizando las ONG, especialistas y la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la Cámara de Diputados, se basa en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) conocido como la sentencia de Campo Algodonero, que el Gobierno mexicano ha dicho que acatará.
En el fallo del 16 de noviembre de 2009, el tribunal determinó que México violó los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, del niño, acceso a la justicia y protección judicial de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos Monárrez, dos de ellas menores de edad, cuyos cuerpos fueron hallados en la zona "Campo Algodonero", en Ciudad Juárez (Chihuahua), en 2001.
"El Estado incumplió con su deber de investigar -y con ello su deber de garantizar- los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal", señaló en su resolución la CorteIDH.
En su pronunciamiento publicado hoy las ONG piden la creación del "delito autónomo" del feminicidio, y señalan que las "razones de género" pueden estar basadas en circunstancias objetivas como que haya habido violencia sexual entre víctima y victimario, relaciones de confianza o pareja, lesiones infamantes o degradantes, amenazas o acoso, entre otras.
También apuntan entre ellas circunstancias como cuando la víctima haya sido incomunicada, o cuando su cuerpo haya sido expuesto o arrojado en un lugar público.
Aparte de las modificaciones al Código Penal federal, las ONG creen que habría que incluir modificaciones legales al Código Federal de Procedimientos Penales, y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para detallar procedimientos sobre preservación de cadáveres no identificados y sobre el modo de realizar autopsias.
El mensaje lo suscriben el OCNF, respaldado por 49 organizaciones de 19 de los 32 estados del país, y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos "Todos los derechos para todos y todas", que forman 70 ONG.
Hace dos días el coordinador de la ONU en México, Magdy Martínez Solimán, solicitó al Gobierno mexicano establecer una política de Estado en relación con los feminicidios por ser estos delitos actuaciones graves y condenables.
Algunos estados como el Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero y el Estado de México han expresado ya su interés en respaldar una iniciativa en esta materia.
Algunos legisladores federales trabajan en la posibilidad de celebrar una reunión en abril próximo para tratar el asunto con representantes de los 32 estados del país.
