16 preguntas sobre ICAgate que esperan respuestas
¿Estamos frente a un caso de encubrimiento?
Hay una serie de interrogantes que le toca contestar al gobierno. Los he formulado antes y los reitero ahora
porque no es cuestión de archivar el asunto y olvidarlo. ESTOS SON LOS PRINCIPALES:
1.- ¿No es cierto que el gobierno, por diversos medios, cuando anunciaba la construcción de dos carreteras
nuevas, la de Corredor Norte y Corredor Sur, manifestaba que la construcción de ninguna de estas no le iba a costar nada al país puesto que se iba a financiar con los peajes.?
2.- ¿No es cierto que La Prensa advirtió al Presidente que anduviera con pies de plomo porque en México la experiencia de las mismas empresas - PYCSA e ICA- con las cuales se había embarcado el gobierno mejicano, había sido desastrosa?
3.- ¿No es cierto lo que sostuvo La Prensa en su editorial del 12 de noviembre pasado? "En el preciso momento en que aquí se anunciaba triunfalmente el inminente inicio de las corredores, en México se reconocía que habían fracasado: los peajes eran tan altos, que camiones y automóviles preferían irse por las viejas carreteras, sorteando baches que parecían no tener fondo. Por último, se reconoció públicamente lo que era un secreto a voces: que el Estado mexicano tuvo que asumir las obligaciones de los constructores y administrar él mismo las flamantes carreteras". ¿Por qué razón se ignoró esta importante información?
4.- ¿No es cierto lo que sostiene el editorial ya citado en relación con el impacto que esos trabajos iban a tener sobre la ecología del territorio nacional, y que las denuncias al respecto hubieran sido totalmente ignoradas por las autoridades pertinentes? En relación con esto, el mencionado editorial decía: "PYCSA siguió adelante haciendo destrozos que iban desde la destrucción de bellísimas arboledas y las capas de las diferentes culturas que habían vivido en distintas épocas sobre nuestro suelo, hasta el reciente hundimiento de una losa por errores elementales de ingeniería".
5.- Si las obras de construcción de las carreteras se iban a pagar con los peajes, como insistentemente anunciaba el gobierno, hubiera tenido sentido que para efectos de calcular el peaje, se estableciera un margen razonable de utilidad para la empresa concesionaria. Pero, entonces, ¿a santo de qué el Estado le garantizó a ICA una utilidad de 84 millones? ¿Se le dio similar garantía a otros inversionistas?
6.- ¿Por qué razón se entregaron los terrenos de Paitilla al concesionario ICA sabiendo, como sin duda el gobierno debía saber, que su valor estimado en no menos de B/ 354 millones, excedía en mucho el total del costo de la construcción del Corredor Sur que según ICA era de 222 millones, aun sin contar con los peajes?
7.- Si el gobierno sabía o debía haber sabido eso, ¿cómo se justifica que en adición a esa generosa concesión, le hizo otra más en forma de concederle el derecho inconstitucional de rellenar el mar y cambiar el perfil de la costa de Panamá, al mismo tiempo que daba a una empresa extranjera un sitio privilegiado que le iba a servir para explotar a los residentes y exportar los beneficios?
8.- ¿No es cierto que los cálculos de lo que iba a producir los peajes en 30 años no han sido verificados por nadie, habiéndose aceptado el cálculo de ICA sin cuestionarlo? Yo he estimado que los peajes tenían que producir no menos que B/ 344 millones 651 mil 250 dólares y no los 189 millones 847 mil 681 dólares que ICA declaró en su propuesta al Estado?
9.- ¿No es cierto que ICA transfirió 14 hectáreas de terrenos en Paitilla a un precio que está por debajo de la media de mercado en no menos de 60%, y que esa venta resulta, por lo tanto sospechosa?
10.- ¿No es cierto que aún cuando esa transacción fuera honesta, el producto de la venta de los terrenos en su
conjunto deben producir a ICA no menos que 347 millones 500 mil dólares de Superavit o beneficio neto después de todos los gastos e inversiones?
11.- ¿No es cierto que, en cualquier caso, sin haber tenido que entregar terreno alguno a ICA, esta firma hubiera ganado no menos de 122 millones, 328 mil 955 dólares, y eso sin contar intereses y otros beneficios.
12.- ¿No es cierto que el contrato con ICA contiene una cláusula (la décima) por la que, en caso de rescate administrativo (o sea en caso de cancelación de contrato por parte de la nación), el Estado le hubiera tenido que pagar la totalidad de los peajes, por los 30 años previstos para la duración del contrato, más todas las inversiones hechas por ICA, en adición a los intereses de las mismas?
13.- ¿No es cierto que en caso de Rescate Administrativo, no se ha previsto en el contrato nada que se relacione con la devolución de los terrenos cedidos? ¿No significa esto que en caso de rescate, ICA se queda con los terrenos además de los reembolsos ya mencionados?
14.- ¿No es cierto que el contrato suscrito entre el Estado e ICA es, por lo visto, excesivamente favorable a ICA, o sea que en realidad es demasiado desfavorable a la Nación? Siendo así, ¿quién es el responsable de haber redactado y suscrito semejante contrato?
15.- ¿No es cierto, finalmente, que lo correcto sería que alguien investigue lo que se ha hecho con este contrato y trate de corregir las evidentes anomalías que son tan fáciles de notar y determine quién es el culpable de semejante barbaridad?
16.- ¿O tal vez será cuestión de esperar al nuevo gobierno para que investigue todas estas actividades poco
transparentes, antes de que algún dignatario oportunista conceda un indulto a todos los posibles involucrados?
Estas preguntas, formuladas en varias oportunidades anteriores, en diferentes formas, no han merecido reacción alguna de parte de las autoridades, quienes no se han dado por enteradas de lo tantas veces denunciado por medios de comunicación pública. Parece claro que o quien calla otorga, o el culpable calla porque sabe que la denuncia se basa en la verdad irrefutable de los números.
Hay una serie de interrogantes que le toca contestar al gobierno. Los he formulado antes y los reitero ahora
porque no es cuestión de archivar el asunto y olvidarlo. ESTOS SON LOS PRINCIPALES:
1.- ¿No es cierto que el gobierno, por diversos medios, cuando anunciaba la construcción de dos carreteras
nuevas, la de Corredor Norte y Corredor Sur, manifestaba que la construcción de ninguna de estas no le iba a costar nada al país puesto que se iba a financiar con los peajes.?
2.- ¿No es cierto que La Prensa advirtió al Presidente que anduviera con pies de plomo porque en México la experiencia de las mismas empresas - PYCSA e ICA- con las cuales se había embarcado el gobierno mejicano, había sido desastrosa?
3.- ¿No es cierto lo que sostuvo La Prensa en su editorial del 12 de noviembre pasado? "En el preciso momento en que aquí se anunciaba triunfalmente el inminente inicio de las corredores, en México se reconocía que habían fracasado: los peajes eran tan altos, que camiones y automóviles preferían irse por las viejas carreteras, sorteando baches que parecían no tener fondo. Por último, se reconoció públicamente lo que era un secreto a voces: que el Estado mexicano tuvo que asumir las obligaciones de los constructores y administrar él mismo las flamantes carreteras". ¿Por qué razón se ignoró esta importante información?
4.- ¿No es cierto lo que sostiene el editorial ya citado en relación con el impacto que esos trabajos iban a tener sobre la ecología del territorio nacional, y que las denuncias al respecto hubieran sido totalmente ignoradas por las autoridades pertinentes? En relación con esto, el mencionado editorial decía: "PYCSA siguió adelante haciendo destrozos que iban desde la destrucción de bellísimas arboledas y las capas de las diferentes culturas que habían vivido en distintas épocas sobre nuestro suelo, hasta el reciente hundimiento de una losa por errores elementales de ingeniería".
5.- Si las obras de construcción de las carreteras se iban a pagar con los peajes, como insistentemente anunciaba el gobierno, hubiera tenido sentido que para efectos de calcular el peaje, se estableciera un margen razonable de utilidad para la empresa concesionaria. Pero, entonces, ¿a santo de qué el Estado le garantizó a ICA una utilidad de 84 millones? ¿Se le dio similar garantía a otros inversionistas?
6.- ¿Por qué razón se entregaron los terrenos de Paitilla al concesionario ICA sabiendo, como sin duda el gobierno debía saber, que su valor estimado en no menos de B/ 354 millones, excedía en mucho el total del costo de la construcción del Corredor Sur que según ICA era de 222 millones, aun sin contar con los peajes?
7.- Si el gobierno sabía o debía haber sabido eso, ¿cómo se justifica que en adición a esa generosa concesión, le hizo otra más en forma de concederle el derecho inconstitucional de rellenar el mar y cambiar el perfil de la costa de Panamá, al mismo tiempo que daba a una empresa extranjera un sitio privilegiado que le iba a servir para explotar a los residentes y exportar los beneficios?
8.- ¿No es cierto que los cálculos de lo que iba a producir los peajes en 30 años no han sido verificados por nadie, habiéndose aceptado el cálculo de ICA sin cuestionarlo? Yo he estimado que los peajes tenían que producir no menos que B/ 344 millones 651 mil 250 dólares y no los 189 millones 847 mil 681 dólares que ICA declaró en su propuesta al Estado?
9.- ¿No es cierto que ICA transfirió 14 hectáreas de terrenos en Paitilla a un precio que está por debajo de la media de mercado en no menos de 60%, y que esa venta resulta, por lo tanto sospechosa?
10.- ¿No es cierto que aún cuando esa transacción fuera honesta, el producto de la venta de los terrenos en su
conjunto deben producir a ICA no menos que 347 millones 500 mil dólares de Superavit o beneficio neto después de todos los gastos e inversiones?
11.- ¿No es cierto que, en cualquier caso, sin haber tenido que entregar terreno alguno a ICA, esta firma hubiera ganado no menos de 122 millones, 328 mil 955 dólares, y eso sin contar intereses y otros beneficios.
12.- ¿No es cierto que el contrato con ICA contiene una cláusula (la décima) por la que, en caso de rescate administrativo (o sea en caso de cancelación de contrato por parte de la nación), el Estado le hubiera tenido que pagar la totalidad de los peajes, por los 30 años previstos para la duración del contrato, más todas las inversiones hechas por ICA, en adición a los intereses de las mismas?
13.- ¿No es cierto que en caso de Rescate Administrativo, no se ha previsto en el contrato nada que se relacione con la devolución de los terrenos cedidos? ¿No significa esto que en caso de rescate, ICA se queda con los terrenos además de los reembolsos ya mencionados?
14.- ¿No es cierto que el contrato suscrito entre el Estado e ICA es, por lo visto, excesivamente favorable a ICA, o sea que en realidad es demasiado desfavorable a la Nación? Siendo así, ¿quién es el responsable de haber redactado y suscrito semejante contrato?
15.- ¿No es cierto, finalmente, que lo correcto sería que alguien investigue lo que se ha hecho con este contrato y trate de corregir las evidentes anomalías que son tan fáciles de notar y determine quién es el culpable de semejante barbaridad?
16.- ¿O tal vez será cuestión de esperar al nuevo gobierno para que investigue todas estas actividades poco
transparentes, antes de que algún dignatario oportunista conceda un indulto a todos los posibles involucrados?
Estas preguntas, formuladas en varias oportunidades anteriores, en diferentes formas, no han merecido reacción alguna de parte de las autoridades, quienes no se han dado por enteradas de lo tantas veces denunciado por medios de comunicación pública. Parece claro que o quien calla otorga, o el culpable calla porque sabe que la denuncia se basa en la verdad irrefutable de los números.
