¡Intenciones vedadas!
A tan sólo poco más de 350 días para la transferencia del Canal los panameños nos hacemos esta pregunta, ¿estaremos listos para asumir esta responsabilidad? ¿Cuántas cosas nos hacen falta para cumplir a cabalidad con la responsabilidad de administrar el Canal de Panamá con la eficiencia y eficacia de un país de primer mundo?
Según el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal, la Junta Directiva tiene entre sus tareas más importantes, aprobar dieciséis (algunos hablan de diecinueve) reglamentos necesarios para el debido funcionamiento y modernización del canal.
Hasta la fecha tan sólo se han aprobado cuatro de dichos reglamentos incluyendo el reglamento interno de la Junta Directiva. La administración del Canal ha estado desarrollando algunos de estos reglamentos internamente por espacio de diecinueve meses, algunos a espaldas de los sindicatos, con la pobre excusa de que los grupos pequeños trabajan más rápido para luego abrir la discusión con los representantes exclusivos.
Los reglamentos deben ser aprobados antes de fin de siglo, sino entrará a regir el artículo transitorio de nuestra Constitución que establece que en ausencia de reglamentos propios seguirán en vigencia los reglamentos existentes en la Comisión del Canal al 31 de diciembre de 1999. Esto quiere decir que regirán leyes extranjeras dentro de un territorio soberano.
Otro tema de gran importancia que debe ser abordado inmediatamente, es el de la política de peajes, tasas, y derecho por el uso del canal, debido al impacto directo sobre los usuarios y nuestra imagen internacional. No sabemos que tan adelantado esté este renglón, de los muchos que tienen a su bien decidir la Junta Directiva, pero pensamos que debe ser de los más relevantes dentro de su agenda.
Pero la Junta Directiva también tiene otros asuntos importantes pendientes, tales como los nombramientos del subadministrador y el fiscalizador general. Pensamos que estos nombramientos deben darse en un futuro inmediato por el Gobierno actual.
Hemos oído con gran asombro que entre los nombres que se mencionan para sub-administrador del Canal se ha incluido nada más y nada menos que del ingeniero Rafael Mezquita, artífice de la privatización del IDAAN. ¿Cuáles serán las intenciones reales del Gobierno al siquiera considerar a figura que tanta controversia y manifestaciones de violencia ha causado en los últimos meses en los sectores gremiales, sindicales y político?. ¿Intentará el gobierno privatizar más funciones dentro del Canal de Panamá con la participación del ingeniero Mezquita?
El día 11 de enero de 1999, en el diario El Panamá América publiqué un artículo que hace referencia a las posibles privatizaciones dentro del Canal. Y nos parece una burla que precisamente conociendo el ambiente volátil que impera en nuestro canal y el sentimiento popular de repudio a la privatización del IDAAN, se considere al ingeniero Mezquita como uno de los candidatos con grandes probabilidades para ejercer el cargo de subadministrador de la Autoridad del Canal.
Es a mi parecer muy importante crear un balance entre las figuras del administrador y el subadministrador, pues no parece imposible encontrar todas las calificaciones necesarias en una sola persona. Es de primordial importancia que alguna de las dos figuras tengan una amplia experiencia en administración pública, pues la Autoridad del Canal al igual que la Comisión del Canal es una empresa pública. Alguno de los dos debe tener una imagen internacional o la posibilidad de obtenerla a muy corto plazo; debe tener gran capacidad de negociación y convencimiento (tanto en el ámbito labor como con los usuarios). Además estas personas deben tener un criterio muy amplio y ser sinceras con la fuerza laboral. Sin embargo, nos parece que estas personas deben tener un compromiso real con la Nación y con la empresa que les tocará dirigir por varios años y no utilizar dicha posición en beneficio propio ni para llevar a cabo una agenda distinta a la encomendada por sus compatriotas. Debemos mantener en mente que el Canal es un tema de Estado y no de ningún gobierno en particular.
Siempre lo he dicho y los seguiré diciendo, la administración del canal es un monstruo de siete cabezas y los sistemas que se entrelazan para el manejo apropiado de la vía son muy técnicos y complicados. Es por esto que considero que una de las dos figuras debe haber adquirido experiencia en una empresa de la magnitud del Canal y que tenga un gran número de reglamentos. Cabe la salvedad, que esta experiencia debe haber sido exitosa de manera fehaciente y comprobada.
No dudamos que en Panamá, dentro y fuera del partido gobernante, existe un gran número de alternativas que satisfacen los requisitos necesarios para llevar adelante la mayor responsabilidad que como Estado nuestra Nación enfrentará. Es por eso que debemos revisar todas estas opciones y no repetir los errores del paado. Los embates que sufrieron algunos de los nombramientos de la actual Junta Directiva deben ser evitados a toda costa de ahora en adelante. No me cabe más que recomendar (y esperar) que el nombramiento del subadministrador sea el resultado de un análisis serio de los posibles candidatos, que provengan de diferentres grupos políticos o gremiales, pero con comprobada idoneidad moral y profesional.
Según el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal, la Junta Directiva tiene entre sus tareas más importantes, aprobar dieciséis (algunos hablan de diecinueve) reglamentos necesarios para el debido funcionamiento y modernización del canal.
Hasta la fecha tan sólo se han aprobado cuatro de dichos reglamentos incluyendo el reglamento interno de la Junta Directiva. La administración del Canal ha estado desarrollando algunos de estos reglamentos internamente por espacio de diecinueve meses, algunos a espaldas de los sindicatos, con la pobre excusa de que los grupos pequeños trabajan más rápido para luego abrir la discusión con los representantes exclusivos.
Los reglamentos deben ser aprobados antes de fin de siglo, sino entrará a regir el artículo transitorio de nuestra Constitución que establece que en ausencia de reglamentos propios seguirán en vigencia los reglamentos existentes en la Comisión del Canal al 31 de diciembre de 1999. Esto quiere decir que regirán leyes extranjeras dentro de un territorio soberano.
Otro tema de gran importancia que debe ser abordado inmediatamente, es el de la política de peajes, tasas, y derecho por el uso del canal, debido al impacto directo sobre los usuarios y nuestra imagen internacional. No sabemos que tan adelantado esté este renglón, de los muchos que tienen a su bien decidir la Junta Directiva, pero pensamos que debe ser de los más relevantes dentro de su agenda.
Pero la Junta Directiva también tiene otros asuntos importantes pendientes, tales como los nombramientos del subadministrador y el fiscalizador general. Pensamos que estos nombramientos deben darse en un futuro inmediato por el Gobierno actual.
Hemos oído con gran asombro que entre los nombres que se mencionan para sub-administrador del Canal se ha incluido nada más y nada menos que del ingeniero Rafael Mezquita, artífice de la privatización del IDAAN. ¿Cuáles serán las intenciones reales del Gobierno al siquiera considerar a figura que tanta controversia y manifestaciones de violencia ha causado en los últimos meses en los sectores gremiales, sindicales y político?. ¿Intentará el gobierno privatizar más funciones dentro del Canal de Panamá con la participación del ingeniero Mezquita?
El día 11 de enero de 1999, en el diario El Panamá América publiqué un artículo que hace referencia a las posibles privatizaciones dentro del Canal. Y nos parece una burla que precisamente conociendo el ambiente volátil que impera en nuestro canal y el sentimiento popular de repudio a la privatización del IDAAN, se considere al ingeniero Mezquita como uno de los candidatos con grandes probabilidades para ejercer el cargo de subadministrador de la Autoridad del Canal.
Es a mi parecer muy importante crear un balance entre las figuras del administrador y el subadministrador, pues no parece imposible encontrar todas las calificaciones necesarias en una sola persona. Es de primordial importancia que alguna de las dos figuras tengan una amplia experiencia en administración pública, pues la Autoridad del Canal al igual que la Comisión del Canal es una empresa pública. Alguno de los dos debe tener una imagen internacional o la posibilidad de obtenerla a muy corto plazo; debe tener gran capacidad de negociación y convencimiento (tanto en el ámbito labor como con los usuarios). Además estas personas deben tener un criterio muy amplio y ser sinceras con la fuerza laboral. Sin embargo, nos parece que estas personas deben tener un compromiso real con la Nación y con la empresa que les tocará dirigir por varios años y no utilizar dicha posición en beneficio propio ni para llevar a cabo una agenda distinta a la encomendada por sus compatriotas. Debemos mantener en mente que el Canal es un tema de Estado y no de ningún gobierno en particular.
Siempre lo he dicho y los seguiré diciendo, la administración del canal es un monstruo de siete cabezas y los sistemas que se entrelazan para el manejo apropiado de la vía son muy técnicos y complicados. Es por esto que considero que una de las dos figuras debe haber adquirido experiencia en una empresa de la magnitud del Canal y que tenga un gran número de reglamentos. Cabe la salvedad, que esta experiencia debe haber sido exitosa de manera fehaciente y comprobada.
No dudamos que en Panamá, dentro y fuera del partido gobernante, existe un gran número de alternativas que satisfacen los requisitos necesarios para llevar adelante la mayor responsabilidad que como Estado nuestra Nación enfrentará. Es por eso que debemos revisar todas estas opciones y no repetir los errores del paado. Los embates que sufrieron algunos de los nombramientos de la actual Junta Directiva deben ser evitados a toda costa de ahora en adelante. No me cabe más que recomendar (y esperar) que el nombramiento del subadministrador sea el resultado de un análisis serio de los posibles candidatos, que provengan de diferentres grupos políticos o gremiales, pero con comprobada idoneidad moral y profesional.
