¿... pero en armónica cooperación?
El artículo 2 de la Constitución vigente tiene el siguiente texto: "El poder público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Organos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración".
Con frecuencia se cita el texto anterior, para destacar la separación de los poderes del Estado. Pero en Panamá, todos sabemos que la tal separación es, de hecho, un cuento de caminos.
La subordinación de los otros órganos al Poder Ejecutivo ha sido nuestra constante histórica y, para ser justos, habría que reconocer que no es un invento de los actuales gobernantes.
El sorpresivo e inconsulto proyecto del Organo Ejecutivo para crear la Sala de Garantías Constitucionales y de Casación Laboral, ha vuelto a poner el dedo en la llaga.
A nadie escapa que su apresurada discusión y eventual aprobación, dada la subordinación descarada y sin sonrojos de que ha hecho gala la "aplanadora oficialista" de la Asamblea, sólo persigue darle al actual gobernante el derecho a designar tres nuevos magistrados que, agregados a los cinco que ya ha nombrado, le permitirían terminar de moldear la Corte con escogidos que, como él mismo ha dicho, nadie debe esperar que provengan del campo "de sus enemigos".
Y, por favor, no se olvide que después de tres años el caso del magistrado Faúndes todavía sigue deambulando por los pasillos de la "augusta corporación".
La crisis por la que atraviesan los poderes del Estado panameño, se pone de manifiesto con toda su crudeza cuando, por un lado, el Organo Ejecutivo, expresa que no escogerá enemigos, para integrar la Corte Suprema; o cuando, por el otro, el Organo Legislativo sirve de plataforma para eliminar a un magistrado que no se considera "amigo"; o cuando, finalmente, la propia Corte incumple sus deberes al acoger y no resolver la patraña de la advertencia de inconstitucionalidad con la que se mantiene en el limbo a uno de sus propios integrantes.
¿Quién puede creer, después de haber sido testigo de hechos como los mencionados que en Panamá existe la separación de los poderes? Por supuesto que nadie.
Para mi, el punto medular está en cómo cambiar esta situación inaceptable. A continuación comparto con ustedes algunas de mis reflexiones y mis soluciones:
El Organo Ejecutivo, sea quien sea su titular, pero comenzando por el actual presidente, debe renunciar a la tentación de "cubrirse las espaldas", mediante la selección de magistrados "que no sean enemigos". La mejor prueba de que esa no es su intención sería que retirara el proyecto de ley que crea la nueva Sala de Garantías Constitucionales.
La Corte Suprema debe rescatar su derecho a ser la fuente o la promotora del proyecto y reclamarlo para iniciar una amplia discusión previa sobre su conveniencia, que incluya criterios objetivos para la selección de los candidatos a magistrados, en cuya definición, además, participen los gremios de abogados y las facultades de derecho.
La Asamblea Legislativa debe dejar de actuar como apéndice del Organo Ejecutivo y suspender la consideración apresurada del proyecto.
Las antes descritas son medidas encaminadas a superar la situación específicamente relacionada con el proyecto de la nueva sala, pero no son la solución de fondo.
La solución de fondo, a mi juicio, debe partir de que en la Asamblea Legislativa se produzca una toma de conciencia de cuál debe ser su papel y del que ha estado distanciada, en forma absoluta.
La Asamblea Legislativa, por su integración y por sus funciones es la que debe impulsar la estricta observación de la norma constitucional. Por su integración, la corporación legislativa es el órgano más representativo del Estado y esa condición le impone atender a los intereses de la nación, antes que a cualquier otra consideración.
Por sus funciones, a la Asamblea le corresponde no sólo expedir leyes, que incluyen la del Presupuesto, sino también fiscalizar el funcionamiento del Ejecutivo y hasta juzgar a los miembros de la Corte Suprema o al propio Presidente de la República.
Lo grave es, y esa es la fuente principal de la crisis que ahora vivimos, que la Asamblea Legislativa ha renunciado, deliberadamente, a su jugar el papel que le corresponde. Por conveniencia o por incapacidad, o lo que es más grave, por las dos causas a la vez, el Organo Legislativo ha hecho dejación de sus competencias y responsabilidades, con las consecuencias apuntadas.
Armónica colaboración se ha entendido como "armómica subordinación".
En la víspera de las elecciones, en las que no sólo elegiremos a quién encabezará el Organo Ejecutivo sino también una nueva Asamblea, es importante que el electorado escoja, selectivamente, a los nuevos legisladores, para asegurarse que al Palacio Justo Arosemena, vayan hombres y mujeres que entiendan e interpreten y correctamente el mandato constitucional.
Con frecuencia se cita el texto anterior, para destacar la separación de los poderes del Estado. Pero en Panamá, todos sabemos que la tal separación es, de hecho, un cuento de caminos.
La subordinación de los otros órganos al Poder Ejecutivo ha sido nuestra constante histórica y, para ser justos, habría que reconocer que no es un invento de los actuales gobernantes.
El sorpresivo e inconsulto proyecto del Organo Ejecutivo para crear la Sala de Garantías Constitucionales y de Casación Laboral, ha vuelto a poner el dedo en la llaga.
A nadie escapa que su apresurada discusión y eventual aprobación, dada la subordinación descarada y sin sonrojos de que ha hecho gala la "aplanadora oficialista" de la Asamblea, sólo persigue darle al actual gobernante el derecho a designar tres nuevos magistrados que, agregados a los cinco que ya ha nombrado, le permitirían terminar de moldear la Corte con escogidos que, como él mismo ha dicho, nadie debe esperar que provengan del campo "de sus enemigos".
Y, por favor, no se olvide que después de tres años el caso del magistrado Faúndes todavía sigue deambulando por los pasillos de la "augusta corporación".
La crisis por la que atraviesan los poderes del Estado panameño, se pone de manifiesto con toda su crudeza cuando, por un lado, el Organo Ejecutivo, expresa que no escogerá enemigos, para integrar la Corte Suprema; o cuando, por el otro, el Organo Legislativo sirve de plataforma para eliminar a un magistrado que no se considera "amigo"; o cuando, finalmente, la propia Corte incumple sus deberes al acoger y no resolver la patraña de la advertencia de inconstitucionalidad con la que se mantiene en el limbo a uno de sus propios integrantes.
¿Quién puede creer, después de haber sido testigo de hechos como los mencionados que en Panamá existe la separación de los poderes? Por supuesto que nadie.
Para mi, el punto medular está en cómo cambiar esta situación inaceptable. A continuación comparto con ustedes algunas de mis reflexiones y mis soluciones:
El Organo Ejecutivo, sea quien sea su titular, pero comenzando por el actual presidente, debe renunciar a la tentación de "cubrirse las espaldas", mediante la selección de magistrados "que no sean enemigos". La mejor prueba de que esa no es su intención sería que retirara el proyecto de ley que crea la nueva Sala de Garantías Constitucionales.
La Corte Suprema debe rescatar su derecho a ser la fuente o la promotora del proyecto y reclamarlo para iniciar una amplia discusión previa sobre su conveniencia, que incluya criterios objetivos para la selección de los candidatos a magistrados, en cuya definición, además, participen los gremios de abogados y las facultades de derecho.
La Asamblea Legislativa debe dejar de actuar como apéndice del Organo Ejecutivo y suspender la consideración apresurada del proyecto.
Las antes descritas son medidas encaminadas a superar la situación específicamente relacionada con el proyecto de la nueva sala, pero no son la solución de fondo.
La solución de fondo, a mi juicio, debe partir de que en la Asamblea Legislativa se produzca una toma de conciencia de cuál debe ser su papel y del que ha estado distanciada, en forma absoluta.
La Asamblea Legislativa, por su integración y por sus funciones es la que debe impulsar la estricta observación de la norma constitucional. Por su integración, la corporación legislativa es el órgano más representativo del Estado y esa condición le impone atender a los intereses de la nación, antes que a cualquier otra consideración.
Por sus funciones, a la Asamblea le corresponde no sólo expedir leyes, que incluyen la del Presupuesto, sino también fiscalizar el funcionamiento del Ejecutivo y hasta juzgar a los miembros de la Corte Suprema o al propio Presidente de la República.
Lo grave es, y esa es la fuente principal de la crisis que ahora vivimos, que la Asamblea Legislativa ha renunciado, deliberadamente, a su jugar el papel que le corresponde. Por conveniencia o por incapacidad, o lo que es más grave, por las dos causas a la vez, el Organo Legislativo ha hecho dejación de sus competencias y responsabilidades, con las consecuencias apuntadas.
Armónica colaboración se ha entendido como "armómica subordinación".
En la víspera de las elecciones, en las que no sólo elegiremos a quién encabezará el Organo Ejecutivo sino también una nueva Asamblea, es importante que el electorado escoja, selectivamente, a los nuevos legisladores, para asegurarse que al Palacio Justo Arosemena, vayan hombres y mujeres que entiendan e interpreten y correctamente el mandato constitucional.
