¿A quién sirve Rafael Carles ?
Rafael Carles, comisionado de la CLICAC, no puede ser tan ingenuo o estar tan mal informado como lo indica su artículo "Ni un paso atrás al proceso de liberalización del mercado porque : "han contribuido significativamente al bienestar de las naciones" las negociaciones del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), la conclusión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las múltiples reducciones multilaterales de aranceles.
Carles debe escribir con más precisión. El hecho de que, por el momento, los panameños nos encontremos impotentes ante el poder avasallador que ejerce el presidente Pérez Balladares y el PRD, no significa que somos ignorantes.
Carles habla del bienestar de "naciones". Entendiéndose que "nación" significa "Estado", no se puede decir que la liberalización del mercado contribuye al bienestar de naciones.
En realidad, con el objeto de proteger a empresas inversionistas, en su mayoría colosos multinacionales, el proceso liberalizador persigue reducir el poder del Estado, eliminando todo vestigio de soberanía nacional en materia económica.
La privatización de empresas estatales que aumenta el costo de servicios públicos, la reducción de aranceles que golpea la agricultura e industria nacional, los proyectos mineros que contaminan el ambiente, la desarticulación de los sindicatos en detrimento de la clase obrera, y la eliminación de controles fitosanitarios que protegen la salud del pueblo, todos son producto de la eliminación de la soberanía económica de las naciones.
Según Carles, la apertura de mercados es un proceso inevitable. No obstante, en Estados Unidos, hace cinco meses, el pueblo obligó al gobierno de Bill Clinton a dar un paso atrás en el proceso de abrir los mercados de ese país mediante el uso del "fast track" o vía expedita en tratados de comercio.
En septiembre de 1998, por 243 votos contra 180, la Cámara de Representantes le negó al Organo Ejecutivo el poder de negociar acuerdos de libre comercio sin que el Congreso pudiera revisar las leyes y hacer los cambios que considerara imprescindibles.
No sorprende que los representantes del pueblo de Estados Unidos se pusieran de acuerdo para detener el paso desenfrenado de la globalización. Como los panameños, los habitantes de Estados Unidos se dieron cuenta de que los acuerdos firmados con la OMC y la Asociación de Libre Comercio de Norte América (NAFTA) violan descaradamente sus derechos.
Mantienen que, cuando el gobierno de Estados Unidos promovió y firmó los acuerdos arriba mencionados, contravino el derecho del pueblo a legislar para protegerse en materias relacionadas con el control fitosanitario de alimentos importados, la protección del ambiente, los derechos de los trabajadores, los derechos de gobiernos estatales y municipales a decidir en materia de impuestos locales, y otros aspectos viatales a su bienestar (Public Citizen noviembre-diciembre de 1998).
En Panamá veremos que, como ha sucedido en Estados Unidos, las multinacionales y grandes empresas producen mejores utilidades bajo el sistema establecido por la OMC, pero a expensa de los consumidores.
Según Ralph Nader, destacado por sus actuaciones en la causa de la protección del consumidor, con el GATT, la OMC y el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), la administración de Bill Clinton ha impuesto nuevas leyes sobre el pueblo de Estados Unidos por encima del proceso democrático, los tribunales, la salud y seguridad pública y el ambiente natural de esa nación.
Esto se debe a que un tribunal secreto de la OMC puede derogar todas las disposiciones legales vigentes si considera que interfieren con el "libre comercio". Como las leyes de Estados Unidos usualmente establecen normas en materia de salud y protección del ambiente más altas que las de la mayoría de los 120 países miembros de la OMC, la promoción del "libre comercio" sacrifica el bienestar del pueblo de Estados Unidos (The Progressive enero de 1999).
Además, en Estados Unidos como en el Tercer Mundo, la mayor "eficiencia" de las empresas y las grandes utilidades que producen, se logran a expensa de los trabajadores, reduciendo drásticamente tanto el número del personal como sus prestaciones sociales.
A los panameños les consta que el "proceso de liberalización del mercado" propugnado por Carles, desarticula los sindicatos y cercena los derechos de los trabajadores. Hay ejemplos por millares en todo el mundo, pero no hay que recurrir a Chile o a México para demostrar la forma en que las empresas liberadas para hacer lo que les convenga tratan a los trabajadores.
En Estados Unidos, el sindicato de los empleados de la cadena nacional de televisión ABC, adquirida por Disney en 1996, tiene un problema grave porque la nueva empresa, arguyendo que el nuevo clima de competencia no le permite hacerlo, no quiere continuar las prestaciones médicas que antes tenían los miembros del sindicato.
Los empleados se vieron obligados a trabajar por 18 meses sin contrato, hasta que al fin se declararon en una huelga de 24 horas. La empresa, que tenía meses de estar entrenando a otros trabajadores para reemplazar a los descontentos, , declaró un paro patronal, es decir un "lockout" que continúa sin resolver (The Nation 4 de enero de 1999).
Lo anterior es solamente un ejemplo de la forma en que, con la excusa de la libre competencia, trata una empresa en Estados Unidos a sus trabajadores. En esa nación, quienes aseguran que la economía anda muy bien, se refieren al mercado de valores pero no hablan de la situación del 80%, omitiendo así mismo la crisis de la población infantil que sufre una tasa de pobreza de 25%, la más alta en la esfera occidental (The Progressive enero de 1999).
Le pregunto a Carles : ¿Cómo puede Ud. decir que la liberalización de los mercados es beneficiosa cuando los ciudadanos, consumidores y trabajadores, de Estados Unidos, la primera potencia mundial, arguyen lo contrario y han dado pasos para echar para atrás el proceso ?.
Llama la atención el hecho de que por ningún lado, en la defensa ardiente que hace Carles de la liberalización del mercado, se refiere al efecto negativo que la globalización ha tenido sobre grandes sectores de la población mundial y sobre el ambiente natural.
Por lo tanto, hay que preguntarse : ¿A quién sirve Rafael Carles ? El artículo de este comisionado de la "Comisión de Libre Competencia" y "Asuntos del Consumidor" obviamente persigue la función de proteger la "libre competencia", pero no la de proteger a los consumidores. En realidad, el nombre de la CLICAC es un chiste cruel porque es imposible que sirva a dos causas tan diametralmente opuestas.
Contrario a lo que dice Carles, hay que dar muchos pasos atrás. Hay que desmantelar la estructura del Estado erigida por el PRD y sus partidos aliados para beneficiar a intereses extranjeros en detrimento del pueblo panameño. El primer paso es borrar del mapa al PRD en las elecciones de mayo. Luego hay que mantener una presión sostenida sobre los órganos Ejecutivo y Legislativo para que defiendan los intereses de todo el pueblo panameño.
Carles debe escribir con más precisión. El hecho de que, por el momento, los panameños nos encontremos impotentes ante el poder avasallador que ejerce el presidente Pérez Balladares y el PRD, no significa que somos ignorantes.
Carles habla del bienestar de "naciones". Entendiéndose que "nación" significa "Estado", no se puede decir que la liberalización del mercado contribuye al bienestar de naciones.
En realidad, con el objeto de proteger a empresas inversionistas, en su mayoría colosos multinacionales, el proceso liberalizador persigue reducir el poder del Estado, eliminando todo vestigio de soberanía nacional en materia económica.
La privatización de empresas estatales que aumenta el costo de servicios públicos, la reducción de aranceles que golpea la agricultura e industria nacional, los proyectos mineros que contaminan el ambiente, la desarticulación de los sindicatos en detrimento de la clase obrera, y la eliminación de controles fitosanitarios que protegen la salud del pueblo, todos son producto de la eliminación de la soberanía económica de las naciones.
Según Carles, la apertura de mercados es un proceso inevitable. No obstante, en Estados Unidos, hace cinco meses, el pueblo obligó al gobierno de Bill Clinton a dar un paso atrás en el proceso de abrir los mercados de ese país mediante el uso del "fast track" o vía expedita en tratados de comercio.
En septiembre de 1998, por 243 votos contra 180, la Cámara de Representantes le negó al Organo Ejecutivo el poder de negociar acuerdos de libre comercio sin que el Congreso pudiera revisar las leyes y hacer los cambios que considerara imprescindibles.
No sorprende que los representantes del pueblo de Estados Unidos se pusieran de acuerdo para detener el paso desenfrenado de la globalización. Como los panameños, los habitantes de Estados Unidos se dieron cuenta de que los acuerdos firmados con la OMC y la Asociación de Libre Comercio de Norte América (NAFTA) violan descaradamente sus derechos.
Mantienen que, cuando el gobierno de Estados Unidos promovió y firmó los acuerdos arriba mencionados, contravino el derecho del pueblo a legislar para protegerse en materias relacionadas con el control fitosanitario de alimentos importados, la protección del ambiente, los derechos de los trabajadores, los derechos de gobiernos estatales y municipales a decidir en materia de impuestos locales, y otros aspectos viatales a su bienestar (Public Citizen noviembre-diciembre de 1998).
En Panamá veremos que, como ha sucedido en Estados Unidos, las multinacionales y grandes empresas producen mejores utilidades bajo el sistema establecido por la OMC, pero a expensa de los consumidores.
Según Ralph Nader, destacado por sus actuaciones en la causa de la protección del consumidor, con el GATT, la OMC y el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), la administración de Bill Clinton ha impuesto nuevas leyes sobre el pueblo de Estados Unidos por encima del proceso democrático, los tribunales, la salud y seguridad pública y el ambiente natural de esa nación.
Esto se debe a que un tribunal secreto de la OMC puede derogar todas las disposiciones legales vigentes si considera que interfieren con el "libre comercio". Como las leyes de Estados Unidos usualmente establecen normas en materia de salud y protección del ambiente más altas que las de la mayoría de los 120 países miembros de la OMC, la promoción del "libre comercio" sacrifica el bienestar del pueblo de Estados Unidos (The Progressive enero de 1999).
Además, en Estados Unidos como en el Tercer Mundo, la mayor "eficiencia" de las empresas y las grandes utilidades que producen, se logran a expensa de los trabajadores, reduciendo drásticamente tanto el número del personal como sus prestaciones sociales.
A los panameños les consta que el "proceso de liberalización del mercado" propugnado por Carles, desarticula los sindicatos y cercena los derechos de los trabajadores. Hay ejemplos por millares en todo el mundo, pero no hay que recurrir a Chile o a México para demostrar la forma en que las empresas liberadas para hacer lo que les convenga tratan a los trabajadores.
En Estados Unidos, el sindicato de los empleados de la cadena nacional de televisión ABC, adquirida por Disney en 1996, tiene un problema grave porque la nueva empresa, arguyendo que el nuevo clima de competencia no le permite hacerlo, no quiere continuar las prestaciones médicas que antes tenían los miembros del sindicato.
Los empleados se vieron obligados a trabajar por 18 meses sin contrato, hasta que al fin se declararon en una huelga de 24 horas. La empresa, que tenía meses de estar entrenando a otros trabajadores para reemplazar a los descontentos, , declaró un paro patronal, es decir un "lockout" que continúa sin resolver (The Nation 4 de enero de 1999).
Lo anterior es solamente un ejemplo de la forma en que, con la excusa de la libre competencia, trata una empresa en Estados Unidos a sus trabajadores. En esa nación, quienes aseguran que la economía anda muy bien, se refieren al mercado de valores pero no hablan de la situación del 80%, omitiendo así mismo la crisis de la población infantil que sufre una tasa de pobreza de 25%, la más alta en la esfera occidental (The Progressive enero de 1999).
Le pregunto a Carles : ¿Cómo puede Ud. decir que la liberalización de los mercados es beneficiosa cuando los ciudadanos, consumidores y trabajadores, de Estados Unidos, la primera potencia mundial, arguyen lo contrario y han dado pasos para echar para atrás el proceso ?.
Llama la atención el hecho de que por ningún lado, en la defensa ardiente que hace Carles de la liberalización del mercado, se refiere al efecto negativo que la globalización ha tenido sobre grandes sectores de la población mundial y sobre el ambiente natural.
Por lo tanto, hay que preguntarse : ¿A quién sirve Rafael Carles ? El artículo de este comisionado de la "Comisión de Libre Competencia" y "Asuntos del Consumidor" obviamente persigue la función de proteger la "libre competencia", pero no la de proteger a los consumidores. En realidad, el nombre de la CLICAC es un chiste cruel porque es imposible que sirva a dos causas tan diametralmente opuestas.
Contrario a lo que dice Carles, hay que dar muchos pasos atrás. Hay que desmantelar la estructura del Estado erigida por el PRD y sus partidos aliados para beneficiar a intereses extranjeros en detrimento del pueblo panameño. El primer paso es borrar del mapa al PRD en las elecciones de mayo. Luego hay que mantener una presión sostenida sobre los órganos Ejecutivo y Legislativo para que defiendan los intereses de todo el pueblo panameño.
