¿Fraude en las elecciones?
Quien no acepte que Mireya Moscoso ganó amplia y limpiamente las elecciones simplemente miente. Su triunfo está despegado de toda duda y así lo hemos aceptado todos los panameños. Sin embargo, contrario a lo ocurrido en las elecciones de legislador, absolutamente nadie ni nada se ha podido atribuir a algún acto descomedido o impropio durante las elecciones a nivel presidencial, hecho que sí se dio durante 1994, cuando Rubén Blades hizo tardíos e infundados señalamientos en ese sentido y, en más de una ocasión, algún miembro del PRD señaló el intento de personas dentro del gobierno de Guillermo Endara para hacer cambiar los resultados de aquella contienda para perjudicar el triunfo de Ernesto Pérez Balladares.
Sin embargo, desafortunadamente, la claridad del triunfo de Mireya Moscoso no puede ser trasladada a los comicios para elegir a los integrantes de la Asamblea Legislativa y sólo Dios sabrá a cuántos representantes de corregimientos. La integración de la Asamblea, así como la elección de muchos representantes, están plagadas de muchos defectos que el Tribunal Electoral no hizo absolutamente nada en su oportunidad para evitarlos y, por carecer de recursos y del personal necesarios, y por qué no también de la requerida voluntad. Tampoco hicieron nada la Fiscalía Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica por oportunamente denunciarlos y promover su erradicación como práctica electoral.
Los años que llevo en política me hacen recordar las campañas de 1964 y de 1968, cuando las elecciones no se ganaban en las urnas sino en las mismas mesas de votación después de cerrada la elección, repartiéndose los votos entre los jurados que representan a cada candidato, y en las juntas de escrutinios, fueran éstas nacionales, provinciales o municipales, luego de las componendas que allí se dieran entre los representantes de los partidos, en aquellos tiempos con voz y voto en las decisiones de tales organismos electorales. Recuerdo también cómo se dio en 1977 la votación del plebiscito sobre los Tratados Torrijos-Carter, en donde por la desesperación que tenía el gobierno de aprobarlos, terminó votando el 99% de los registrados para hacerlo. También recuerdo cómo se dieron las elecciones para representantes de corregimientos en 1978, cuando a las 3 de la tarde se permitió que todo el mundo, aún sin cédula en mano y muchos menos listado en el Registro Electoral, pudiera ejercer el sufragio.
Esas lacras del pasado afortunadamente han cambiado, pero ¿podemos decir lo mismo de las otras, muchas de ellas vueltas a resurgir en las pasadas elecciones, a pesar de las nítidas cuñas de televisión del Tribunal Electoral, que quieren venderle no sé a quién que han cumplido con el deber patriótico de hacer elecciones limpias?... La respuesta es un categórico no. Y lo es, porque la supuesta compradera de votos, la retención de cédulas, la entrega de cupones o certificados en las filas de votación, la movilización de electores de un lugar a otro, ha variado más de una elección a legislador y muchas representaciones de corregimiento, sin entrar en los detalles de las benditas partidas circuitales que permitió a los legisladores actuales hacer política partidista durante los 5 años de su gestión con los recursos del Estado.
La movilización de gente a otro circuito en forma autorizada sólo para que emitan su voto, lo cual es un delito electoral aunque también criminal porque se incurre en falso testimonio, ha sido denunciado por varios en las pasadas elecciones: Renato Pereira del PRD, en el circuito 8-9, Arnulfo Escalona en Chitré. Durante las primarias del PRD también fueron denunciados los miles de electores que sospechosamente cambiaron de residencia en el circuito 9-3 (Santa Fe, Calobre, San Francisco), en el 8-9, calificadas por algunos como triquiñuelas, y en el circuito 8-1, (Arraiján), cambios éstos que debieron haberse quedado para las pasadas elecciones.
Pero, ¿acaso esta práctica es nueva? ¿Acaso el Tribunal Electoral ha hecho algo para evitar lo que se ha venido denunciando desde que comenzaron a inscribirse los partidos políticos en 1978, repitiéndose cada año reciente en donde se han inscrito partidos, como lo es la compra de adherentes para poder inscribir a un partido político? ¿Acaso el Tribunal, además de multar y amenazar con cárcel al pobre adherente que finalmente confiesa que le dieron 3, 4 ó 5 dólares a cambio de su firma, ha implementado medidas que lleven a prisión a los "dueños" de esos partidos, que a fin de cuentas son los verdaderos responsables de estos delitos?
En este momento por lo menos hay dos denuncias concretas sobre traslado ilícito de electores a nivel de legisladores y desconozco cuántos a nivel de representantes. En el caso de Chitré, que es un circuito uninominal, de comprobarse por las autoridades la irregularidad perpetrada, sería fácil volver a hacer la elección, al igual que en los sitios que se comprueben estos delitos a nivel de corregimientos, porque a ese nivel todos son uninominales y sería fácil repetir la elección. No se me ocurre nada sobre qué hacer en los circuitos plurinominales en donde estos hechos se comprueben.
Sin embargo, en este proceso de consolidación democrática que al menos se ha vivido a nivel de la elección presidencial, debemos poner un alto a estas prácticas nefastas. La única manera de hacerlo es que se castigue a algunos de los que han cometido estas fechorías y de seguro que cuando otros piensen en hacer estas cosas, lo pensarán dos veces antes de que lo intenten hacer. ¿Imagínense lo que pasaría si en Chitré se repiten elecciones, luego de depurar el padrón electoral de los votantes falsos y sale electo Arnulfo Escalona? ¿Imagínense lo que ocurría en el 8-9 de prosperar las denuncias de Renato Pereira?
Los cambios que se prometen también deben incluir al Tribunal Electoral, para que le pueda brindar a los panameños elecciones libres y puras en todos los niveles y, por qué no, para que también, cuando ello se dé pueda regalarnos algunas cuñas televisivas indicando que por sus ingentes esfuerzos finalmente se ha erradicado en Panamá el fraude electoral.
Sin embargo, desafortunadamente, la claridad del triunfo de Mireya Moscoso no puede ser trasladada a los comicios para elegir a los integrantes de la Asamblea Legislativa y sólo Dios sabrá a cuántos representantes de corregimientos. La integración de la Asamblea, así como la elección de muchos representantes, están plagadas de muchos defectos que el Tribunal Electoral no hizo absolutamente nada en su oportunidad para evitarlos y, por carecer de recursos y del personal necesarios, y por qué no también de la requerida voluntad. Tampoco hicieron nada la Fiscalía Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica por oportunamente denunciarlos y promover su erradicación como práctica electoral.
Los años que llevo en política me hacen recordar las campañas de 1964 y de 1968, cuando las elecciones no se ganaban en las urnas sino en las mismas mesas de votación después de cerrada la elección, repartiéndose los votos entre los jurados que representan a cada candidato, y en las juntas de escrutinios, fueran éstas nacionales, provinciales o municipales, luego de las componendas que allí se dieran entre los representantes de los partidos, en aquellos tiempos con voz y voto en las decisiones de tales organismos electorales. Recuerdo también cómo se dio en 1977 la votación del plebiscito sobre los Tratados Torrijos-Carter, en donde por la desesperación que tenía el gobierno de aprobarlos, terminó votando el 99% de los registrados para hacerlo. También recuerdo cómo se dieron las elecciones para representantes de corregimientos en 1978, cuando a las 3 de la tarde se permitió que todo el mundo, aún sin cédula en mano y muchos menos listado en el Registro Electoral, pudiera ejercer el sufragio.
Esas lacras del pasado afortunadamente han cambiado, pero ¿podemos decir lo mismo de las otras, muchas de ellas vueltas a resurgir en las pasadas elecciones, a pesar de las nítidas cuñas de televisión del Tribunal Electoral, que quieren venderle no sé a quién que han cumplido con el deber patriótico de hacer elecciones limpias?... La respuesta es un categórico no. Y lo es, porque la supuesta compradera de votos, la retención de cédulas, la entrega de cupones o certificados en las filas de votación, la movilización de electores de un lugar a otro, ha variado más de una elección a legislador y muchas representaciones de corregimiento, sin entrar en los detalles de las benditas partidas circuitales que permitió a los legisladores actuales hacer política partidista durante los 5 años de su gestión con los recursos del Estado.
La movilización de gente a otro circuito en forma autorizada sólo para que emitan su voto, lo cual es un delito electoral aunque también criminal porque se incurre en falso testimonio, ha sido denunciado por varios en las pasadas elecciones: Renato Pereira del PRD, en el circuito 8-9, Arnulfo Escalona en Chitré. Durante las primarias del PRD también fueron denunciados los miles de electores que sospechosamente cambiaron de residencia en el circuito 9-3 (Santa Fe, Calobre, San Francisco), en el 8-9, calificadas por algunos como triquiñuelas, y en el circuito 8-1, (Arraiján), cambios éstos que debieron haberse quedado para las pasadas elecciones.
Pero, ¿acaso esta práctica es nueva? ¿Acaso el Tribunal Electoral ha hecho algo para evitar lo que se ha venido denunciando desde que comenzaron a inscribirse los partidos políticos en 1978, repitiéndose cada año reciente en donde se han inscrito partidos, como lo es la compra de adherentes para poder inscribir a un partido político? ¿Acaso el Tribunal, además de multar y amenazar con cárcel al pobre adherente que finalmente confiesa que le dieron 3, 4 ó 5 dólares a cambio de su firma, ha implementado medidas que lleven a prisión a los "dueños" de esos partidos, que a fin de cuentas son los verdaderos responsables de estos delitos?
En este momento por lo menos hay dos denuncias concretas sobre traslado ilícito de electores a nivel de legisladores y desconozco cuántos a nivel de representantes. En el caso de Chitré, que es un circuito uninominal, de comprobarse por las autoridades la irregularidad perpetrada, sería fácil volver a hacer la elección, al igual que en los sitios que se comprueben estos delitos a nivel de corregimientos, porque a ese nivel todos son uninominales y sería fácil repetir la elección. No se me ocurre nada sobre qué hacer en los circuitos plurinominales en donde estos hechos se comprueben.
Sin embargo, en este proceso de consolidación democrática que al menos se ha vivido a nivel de la elección presidencial, debemos poner un alto a estas prácticas nefastas. La única manera de hacerlo es que se castigue a algunos de los que han cometido estas fechorías y de seguro que cuando otros piensen en hacer estas cosas, lo pensarán dos veces antes de que lo intenten hacer. ¿Imagínense lo que pasaría si en Chitré se repiten elecciones, luego de depurar el padrón electoral de los votantes falsos y sale electo Arnulfo Escalona? ¿Imagínense lo que ocurría en el 8-9 de prosperar las denuncias de Renato Pereira?
Los cambios que se prometen también deben incluir al Tribunal Electoral, para que le pueda brindar a los panameños elecciones libres y puras en todos los niveles y, por qué no, para que también, cuando ello se dé pueda regalarnos algunas cuñas televisivas indicando que por sus ingentes esfuerzos finalmente se ha erradicado en Panamá el fraude electoral.
